Por montera
Mariló Montero
Y ahora, ¿dónde vamos?
Crónicas levantiscas
La línea del tiempo de la España federal corre en sentido contrario a la de los estados federales, y de ahí provienen nuestras disfunciones, contratiempos e imperfecciones. Las 13 colonias británicas que se independizaron en Norteamérica en el siglo XVIII nacieron como una confederación que se convirtió en federación cuando hubo que mutualizar la deuda provocada por el coste de la guerra contra Inglaterra. Los 39 estados alemanes fueron entes independientes hasta que, a mediados del siglo XIX, se reunieron en torno a una confederación y, más tarde, en una federación, y este proceso es que el podemos ver online en la Unión Europea: con motivo de la pandemia, se suscribió una deuda conjunta bautismal y ahora el mago Mario Draghi propone una nueva emisión conjunta para reindustrializar el continente. Separados, ninguno de los Ventisiete tiene fuerza para competir con China y Estados Unidos, ése ha sido siempre el camino, de las individualidades al conjunto, lo nuestro es diferente, la España de las autonomías no tiene guion.
Pocos vieron en noviembre pasado que Pedro Sánchez no sólo tendría un problema de mayorías en el Congreso, también en la España de las autonomías, donde sólo tres de las 17 están gobernadas por el PSOE y 11 de ellas por el principal partido de la oposición, el PP. Eso sí que es una complicada cohabitación, y no la de Francia.
Como España carece de una Cámara federal o de cualquier otra institución multilateral donde el Gobierno central y los territorios se expresen y acuerden bajo unas normas establecidas, las negociaciones se suceden bajo presiones, plantes y chantajes. Todo lo contrario a la lealtad federal, que es la argamasa que une a estos estados. El Senado es un pecio del parlamentarismo del siglo XX, una Cámara prescindible que además parte de la provincia, no de la comunidad autónoma. Nada que ver con el norteamericano y el alemán. De este modo, si el Gobierno central elimina o rebaja el IVA de los alimentos básicos, reduce a su vez los ingresos de las comunidades sin haberle pedido ni el permiso ni su consulta. Si el Ejecutivo central quiere implantar una política general de vivienda, puede encontrarse con un boicot encubierto de las comunidades que finalizará en el Tribunal Constitucional, órgano escoba donde finalizan las imperfecciones del modelo autonómico. La llamada Conferencia de Presidentes no es más que una cumbre mediática y nuestro modelo de financiación obedece a un paternalismo residual del Estado centralista, aunque ahora sean las autonomías las que gestionan el Estado del bienestar.
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