EL Gobierno de Rajoy ha anunciado una reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que supone el desmantelamiento de los servicios que recibimos de nuestros Ayuntamientos, un retroceso democrático y un atentado a la autonomía local. Una vez más, el Gobierno del PP  utiliza la excusa de la crisis para colar de rondón un profundo cambio ideológico, esta vez en los Ayuntamientos. La pretensión  es  desmantelar los servicios públicos para que tengan que ser privatizados y vaciar de capacidad de gestión a los Ayuntamientos para darles más poder a las Diputaciones.

El PSOE se opone a este retroceso que, como todos los que está haciendo este Gobierno, supone nuevos recortes a lo s ciudadanos. Pero no se limita a decir no. A cada medida devastadora de Rajoy,  presenta una alternativa seria y razonada. El pasado 2 de agosto, registró en el Parlamento una Proposición de Ley del Gobierno y la Administración Local, en defensa de los Ayuntamientos. Las claves de esta Proposición de Ley, que he estudiado con interés son:

1.- Por primera vez, se establece un proceso de transición claro de competencias a los municipios, de forma que quede claramente delimitado en qué materia son competentes con respecto al Estado y a las Comunidades Autónomas.

2.- Se impondrá mayor austeridad y simplicidad en el mundo local. Para conseguir no sólo un importante ahorro en el gasto sino también mayor eficacia en la gestión, sin recortar servicios. Cada Comunidad Autónoma optará por el modelo de supra

municipalidad (comarcas, mancomunidades, consorcios y diputaciones) que considere más operativos para estos fines.

3.- Unas Diputaciones Provinciales más modernas, más racionales, más transparentes y más democráticas y dirigidas fundamentalmente a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes.

4.- Se derogará la Ley de Grandes Ciudades que ha llenado de gastos superfluos, de directores generales y de distritos, a las ciudades de más de 75.000 habitantes.

5.- Reconocimiento de un catálogo de derechos ciudadanos. Por primera vez, se posibilitará a los ciudadanos que puedan exigir por vía judicial el cumplimiento de su derecho a participar en la vida pública y a disfrutar de servicios públicos de calidad.

6.- Transparencia total y austeridad. Un político, un salario. Se publicarán todas las decisiones transcendentales para la vida local y se limitarán y homologarán las retribuciones totales de todos los electos y de los empleados locales.

Esta Proposición de Ley establece una forma de organización municipal que posibilitará gobiernos más eficaces y mejor controlados políticamente por la oposición. Evitará también, supuestos que, como el transfuguismo, puedan pervertir la decisión en las urnas. Rajoy  traslada a la opinión pública que los alcaldes y concejales son los culpables de la crisis, cuando la inmensa mayoría de ellos ponen su tiempo y esfuerzo, de forma voluntaria, al servicio de sus conciudadanos. Lo cierto es, que los Ayuntamientos son los que menos exceso de déficit tienen.