ESTE país es como es, y con toda seguridad habrá quienes piensen, e incluso lo afirmarán categóricamente, que si la Sección Segunda de la Audiencia de Palma ha levantado la imputación de la infanta Cristina es porque la Justicia no es independiente. Nada dicen en cambio sobre la independencia de los jueces cuando las sentencias se avienen a sus ideas preconcebidas.

Si la Corona o el Gobierno hubieran realizado algún tipo de presión sobre el juez Castro, con toda seguridad la Infanta no habría sufrido el calvario que sufre. Pero desde el primer momento se asumió en la Familia Real que sólo una sentencia condenatoria a Urdangarín y a la Infanta sería considerada justa, y no cabía la presunción de inocencia y tampoco la prescripción de un delito en el caso de que se hubiera cometido. Tanto la infanta Cristina como su esposo son dos ciudadanos más cuando deben vérselas con la Justicia, no hay prebendas para ellos, pero tampoco deben recibir peor trato cuando tienen que comparecer ante un juez.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Palma es tajante a pesar del voto particular: "Los nuevos indicios de criminalidad a los que se refiere el juez Castro como motivo para reconsiderar la imputación no pueden considerarse elementos indiciarios relevantes o con entidad bastante para justificar un cambio de postura favorable en este caso a la imputación". Es evidente que la defensa de Torres, centrada en arremeter contra Urdangarín a través de correos electrónicos filtrados por él mismo, no tenía suficiente base para los miembros de la Audiencia. Una defensa basada en aportar pruebas contra el yerno del Rey, pensando Torres que de esa manera se salvaría él mismo ya que la Casa Real, creía, movería ficha para salvar al marido de la infanta Cristina y a la propia Infanta.

Con el transcurso del tiempo se ve que Urdangarín ha abusado de su situación de privilegio, y es probable que haya cometido delitos en su afán por abrirse puertas institucionales y cobrar altas cifras por realizar gestiones para alcaldías y gobiernos autonómicos. Está por ver que doña Cristina le ayudara en esas tareas, pero también está por ver si efectivamente disponía Urdangarín de fuertes cantidades en paraísos fiscales, como se ha dicho, y si ha cometido delito fiscal. De momento, no era cierto que se acogió a la amnistía fiscal, como se ha contado.

Es importante que las investigaciones se hagan en profundidad y hasta el final, caiga quien caiga. Y que los que han delinquido paguen según lo que marque la ley. A la infanta Cristina se le ha levantado la imputación y se debe respetar la decisión de la Sala.