LA opinión pública resultó conmocionada por la publicación en el diario El País de la supuesta contabilidad manuscrita de las finanzas del Partido Popular que manejaron en el ejercicio de sus cargos los ex tesoreros nacionales de esta organización, Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, entre 1990 y 2009. Los manuscritos recogen apuntes, aparentemente con la letra de Bárcenas, de ingresos procedentes de numerosos empresarios, sobre todo del sector de la construcción, y otros de gastos que van desde partidas destinadas al funcionamiento ordinario del partido hasta entregas de dinero a altos cargos de la formación política que hoy está en el Gobierno de la nación. Entre estos altos cargos se encontrarían el presidente del Gobierno y del partido, Mariano Rajoy, y los sucesivos secretarios generales y vicesecretarios. Decimos “supuesta contabilidad” porque tanto el PP colectivamente como los presuntos perceptores de estos ingresos, y también muchos de los supuestos pagadores, han rechazado con rotundidad la veracidad de estos apuntes contables. La actual secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, hizo de portavoz autorizada de todos para negar que se produjeran estos sobresueldos y subrayar que las retribuciones de todos los afectados por la denuncia del periódico se limitan a las establecidas oficialmente en sus nóminas, sometidas al escrutinio del Tribunal de Cuentas y a las obligaciones fiscales correspondientes. También el ex tesorero Luis Bárcenas, a quien se atribuye la autoría de los apuntes contables dados a conocer ayer, ha negado la autenticidad de los hechos denunciados. La excepción ha venido del presidente del Senado, Pío García Escudero, que ha admitido que es cierto que él recibió el dinero extra que reflejan los papeles de Bárcenas, aunque asegura que no fue un sobresueldo, sino un préstamo que devolvió en los plazos previstos y que surgió por la necesidad de realizar obras en su vivienda tras sufrir un atentado. Es imprescindible, en todo caso, que el Partido Popular facilite toda la información disponible y dé todas las explicaciones precisas, tanto ante la opinión pública como en sede judicial si fuera el caso, para esclarecer este caso que afecta notablemente a su credibilidad y a la propia figura del presidente del Gobierno. Rajoy ha convocado un comité ejecutivo extraordinario, que habrá de celebrarse mañana, que sin duda ha de dar respuesta convincente a este escándalo, real o simulado. El caso ha venido a estallar precisamente en un momento en que se suceden las noticias sobre la corrupción en la esfera política, con su secuela de deslegitimación de los políticos que tanto daño está haciendo al sistema democrático.