No me lo puedo explicar. No creo que el hecho de que uno sea diputado, alcalde, consejero, ministro o presidente de gobierno, sea motivo suficiente para que queden al margen de la obligación de velar por la ética y asegurar el 'buen manejo' de los caudales públicos. Rentabilizarlos al máximo, evitar inútiles derroches, llevar a cabo una gestión profesional, honesta y transparente, no es atributo exclusivo de 'la buena gente', es deber ineludible de todo gestor público, por lo tanto, no sólo hay que juzgar a los que se llevan nuestro dinero para empresas de familiares o amigos, o a los que permiten intrusos en los EREs reservados para trabajadores que van a ir al paro, o a los que aceptan sobornos a cambio de recalificaciones ilegales o cualquier otro tipo de trato de favor, o a los que se asignan pensiones milmillonarias, jubilaciones escandalosas o retribuciones desvergonzadas, no; hay que llevar al juzgado a todos los que han permitido el desfalco infame de las arcas públicas, es decir: del dinero que nos detraen todos los meses del fruto de nuestro trabajo. No tienen perdón de Dios, ni de nadie que se tenga por sensato, razonable o cabal.

Leo el informe presentado por el Banco de España -el actual gobernador del mismo lo puso Zapatero, no Rajoy-: la deuda acumulada por los organismos públicos asciende a 60.000 millones de euros, el triple que hace tres años.

Leo el informe presentado en el Senado por la vicepresidenta del Gobierno: los directivos de empresas públicas, mientras España se desangraba en una crisis que comenzó en 2008, han estado cobrando con Zapatero, más de 250.000 euros al año.

Sigo leyendo el informe de Soraya Sáenz de Santamaría: la Administración dispone de más de 55.000 edificios para su uso exclusivo, sin embargo, se han estado pagando alquileres por valor de más de 100 millones de euros al año, sólo en Madrid el Estado disponía de más de 500 millones de euros en patrimonio sin utilizar, pero, según Zapatero, no había dinero para seguir dándole 450 euros al mes a los parados que habían consumido los 18 meses de prestación por desempleo.

Esto, señores, esto es un crimen, si no contra la Humanidad, sí contra el pueblo español que, ahora, se ve hipotecado por muchos, muchos años, sin trabajo, sin dinero, sin crédito, sin futuro… atenazado por los recortes, agobiado por las deudas, exprimido por los impuestos, despojado de la alegría de poder vivir con el desahogo que la estabilidad proporciona. Esto, es un crimen, también, contra todos los trabajadores que no disponen de recursos, ni posibilidades, ni esperanza, para mantener con dignidad a sus familias; es un crimen que, por Justicia, decoro y honorabilidad, no debería quedar impune.

Los responsables de este latrocinio, de esta miserable iniquidad, de esta depredación institucional, los que debieron ser garantes de equilibrio y transparencia y, por el contrario, permitieron -por acción u omisión, igual da-, alentaron o participaron en el ruin proceso que nos abocó a la trágica desolación en la que nos pudrimos; deberían rendir cuentas de sus canalladas ante la Justicia y, de resultar culpables, todo el peso de la Ley que se 'envainaron', debiera aplastarlos hasta que revienten, cubiertos de telarañas en la húmeda soledad de una celda. No es admisible, bajo ningún concepto y desde punto alguno de vista, que esta carroña disfrute tan ricamente de lo que nos han esquilmado. Son unos hijos de cien mil pares de malas putas -la mayoría son buenas- y, como a tales, hay que tratarlos.