LA operación 'Picones' , saldada con 91 detenidos, 213 imputados y seis empresas 'fantasmas' con las que han defraudado 5 millones de euros a la Seguridad Social debería servir para felicitar a la Guardia Civil. También para preguntarnos hasta qué punto ha sido fácil hasta ahora estafar al erario público. Dos hermanos jerezanos con antecedentes por fechorías parecidas han sido capaces de reírse nuevamente de todos con premeditación y alevosía. Y si han caído ha sido porque aparentemente son tan burdos que han llevado su 'negocio' -obtener prestaciones de manera ilegal para todo quisque- al extremo. Quizá con menos ambición nunca los hubiesen detectado, porque es obvio que faltan recursos en la Administración para luchar contra el fraude y que las leyes son tan permisivas que invitan a repetir, visto lo visto. Algo falla cuando, junto a su primo, un comercial de primera, ambos han logrado captar a un sinfín de personas encantadas de cobrar el paro por la cara, a través de sociedades pantalla y a cambio de una módica cantidad. ¿Cómo es posible no reparar en un bar cerrado hace años en la calle Infancia por el que se dio de alta, ni más ni menos, que a 35 personas? De antemano, porque hoy no hace falta ni la presencia física para constituir una empresa, poner de responsable a un testaferro insolvente y dar de alta a trabajadores a tutiplén. Desde el salón de tu casa, inventándote la sede, a través de internet, sin dar la cara, puedes colocar a medio pueblo. Y pasan meses hasta que salta la alarma en la Seguridad Social porque ni se pagó en periodo voluntario el alta, ni las cotizaciones y encima se consiguieron prestaciones. En Jerez, al margen de la Policía Judicial, que suele operar a raíz de una denuncia, apenas 3 ó 4 inspectores de Trabajo son del todo insuficientes para luchar contra un mal endémico. Son demasiadas las empresas que no pagan ordinariamente. El pillaje está a la orden del día y es como luchar contra molinos de viento. Mucha gente ve normal engañar a la Administración. La permisividad y el sistema no ayudan, aunque por fortuna ya existen nuevos mecanismos de control. Queda el consuelo de que 261 altas fraudulentas en la Seguridad Social han sido anuladas, pero ni el cabecilla de la trama, el único en declarar ante la Justicia, está en prisión. Ni fianza le han pedido. Y no parece haber prisa, pese al escándalo. En otros casos más sonados con políticos, banqueros y empresarios de postín de por medio, y donde el boquete ha sido muchísimo mayor, la mayoría también se va de rositas. De nada sirve una operaciónpresentada por todo lo alto para subrayar que la lucha contra el fraude será imparable, si las leyes no son contundentes y se aplican con diligencia para todos. Así es imposible derrotar a los molinos.