LA sorpresiva comparecencia del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ayer en el Senado no sólo para defender como “imprescindible” la concesión de una amnistía que borre los delitos cometidos por el independentismo en su golpe a la Constitución de 1978, sino para también advertir que sería sólo un paso previo a que haya una votación legal –y se supone que pactada– para que sólo y exclusivamente los residentes en Cataluña voten la independencia, viene a complicar, cada vez más, el intento de Pedro Sánchez de articular una mayoría alternativa al partido mayoritario en el Congreso de los Diputados. Todo porque no sabe perder y no asume que es casi inviable por el contenido de las exigencias de los partidos soberanistas y por la inestabilidad que supone que le hagan falta todos los grupos a la vez para cualquier votación, teniendo en cuenta que hay dos antagonistas vascos –EH Bildu y PNV– y otros dos catalanes –Junts y ERC– que velan las armas preelectorales de sus respectivos comicios autonómicos, que serán en escasos meses.

Cuanto más repiten desde el PSOE y desde Sumar que están seguros de que habrá Gobierno, mayor es la certeza de que cada vez está más complicado el acuerdo, aunque no se pueda descartar.

La investidura de Sánchez, según el plan inicial, debía debatirse esta semana o la próxima a más tardar. Nada hace indicar que se pueda celebrar en octubre y ni siquiera hay fijada una fecha, que casi seguro será en noviembre, con la única certeza de que ha de votarse antes del día 27, jornada en la que se convocarían elecciones a Cortes Generales de no elegirse un presidente del Gobierno. Es la mejor muestra de que no está hecho ni mucho menos.

Aunque la propuesta de Aragonès sea una consulta pactada, que los catalanes voten en exclusiva la independencia es un coste que el PSOE no se puede permitir, y que aún niega que concederá –la amnistía sí–, aunque es cierto que ERC estaría dispuesta a dejarse engañar como en la anterior legislatura. Más difícil es que lo acepte Junts, por más que el prófugo Carles Puigdemont necesita la amnistía para librarse del cerco de la Justicia, española y europea. El partido posconvergente no renuncia a la unilateralidad, ni puede permitirse el lujo de investir a Sánchez sin garantías ciertas de que la extinción de los delitos se aplica de manera rápida y, mucho menos, va a dejar su aspiración de ejercer la autodeterminación en un mero deseo que nunca se concreta.

El tiempo corre y el plazo apremia. Sánchez calla salvo para dar un mitin preelectoral cada fin de semana: ¿es viable esta investidura?