La próxima sentencia a los líderes del procés va a ser utilizada por el independentismo para reeditar en Cataluña el mes de octubre de hace dos años, cuando Carles Puigdemont y el Parlamento terminaron proclamando la república. En esta ocasión, hay elementos muy preocupantes por lo que se refiere a la dureza de la respuesta y a la posible introducción en la dinámica independentista de acciones coercitivas y violentas. No hay que esperar ningún cambio del presidente de la Generalitat, Quim Torra, ni del partido de Puigdemont. Ni de Òmnium ni de la ANC. Y ERC hará lo de siempre: seguirles. Van a intentar poner en jaque al Estado para buscar una respuesta que les sea rentable internacionalmente. Hay que tener en cuenta que, una vez que se publique la sentencia del Supremo, no habrá razones para que Puigdemont sea extraditado. No hay futuro político del huido más allá que el de alentar la inestabilidad desde el exterior. La proclama de la semana pasada del Parlamento catalán va en ese sentido: ha llamado a la desobediencia política e institucional. Como no cabe esperar nada de ese bando y todas las iniciativas de diálogo desde el Gobierno han sido rechazadas, lo único que cabe es preparar bien cuál será la respuesta. Corresponde al Ministerio del Interior disponer una planificación de desplazamiento de efectivos para estos meses y que se corrijan los excesos de confianza en el cuerpo de Mossos, cuyos jefes políticos son de la misma naturaleza de quienes alentaron la jornada del referéndum. Corresponde a los servicios de Inteligencia que esta vez sí sepan cuáles son los planes de los más radicales para estas fechas. Y corresponde al Gobierno de Pedro Sánchez, aunque esté en funciones, tener preparada la aprobación y ejecución de la suspensión del Gobierno autonómico. Esta vez no cabe ir de pardillos. La respuesta también incluye la aplicación del artículo 155, que en este caso debería de ser más prolongada, aunque esté acotada en el tiempo. Al PSOE corresponde, porque está en el Gobierno y tiene la mayoría absoluta en el Senado, abrir una vía de comunicación intensa y continua con el PP y con Ciudadanos, los otros dos grandes partidos que estuvieron en el bloque constitucional en la ocasión anterior. No cabe ningún acto de desobediencia o insumisión institucional por parte del Govern, cualquier requerimiento no correspondido debe ser el interruptor que ponga en funcionamiento el artículo 155 de la Constitución. Y ya sabemos por experiencia que aun no siendo deseable, tampoco es para temerlo.