Andalucía cuenta con nuevas garantías para reforzar el derecho de las familias a habitar en una vivienda digna y de calidad gracias al Decreto de Defensa de la Vivienda del Parque Público Residencial, aprobado por el Gobierno andaluz a final de agosto. Con esta norma la Junta blinda el importante patrimonio de vivienda pública y protegida con el que cuenta Andalucía, ahuyentando de él cualquier tentación especulativa por parte del capital privado.

Entre el año 1991 y 2017 se construyeron en Andalucía 272.570 viviendas protegidas, el 20% del total nacional, lo que supone 32,5 viviendas protegidas por cada mil habitantes, cuatro puntos por encima de la media española. La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía gestiona actualmente 76.502 viviendas públicas y ofrece residencia a 350.000 andaluces a cambio de una renta que se adaptaba a sus ingresos familiares. Esta política social permite que el 90% de los inquilinos paguen de alquiler menos de cien euros mensuales. Somos conscientes de que aún nos queda mucho por hacer en la mejora de la gestión del parque residencial andaluz, pero estas cifras demuestran la utilidad de la acción ejercida por este Gobierno para garantizar la función social de la vivienda, con especial atención a aquellos que más impedimentos encuentran en el mercado inmobiliario libre.

Desde la convicción de que somos un Gobierno al servicio del ciudadano y defensor de la igualdad de oportunidades, continuamos reforzando ese valor social de las viviendas como patrimonio de toda la ciudadanía, garantizando que la vivienda protegida sirva exclusivamente como hogar habitual y permanente de las familias. Entre otras cuestiones, gracias al nuevo decreto, evitamos que las viviendas del parque público puedan ser adquiridas por una entidad jurídica. El Gobierno de Andalucía no permitirá que los llamados fondos buitres sobrevuelen para hacer negocio sobre estos bienes levantados gracias al esfuerzo del conjunto de la sociedad.

En los últimos años hemos comprobado las consecuencias extremadamente negativas que ha tenido en España la política de enajenación de la vivienda pública. Gobiernos como el de Madrid y el Ayuntamiento de la capital aplicaron como receta para reducir el déficit público la privatización de sus viviendas sociales a fondos de inversión movidos única y exclusivamente por afán de obtener el máximo beneficio en el menor periodo de tiempo posible. Como consecuencia de esta ambición privatizadora, las viviendas pensadas para atender a los que menos recursos económicos disponen sirvieron finalmente para el negocio de unos pocos que, como primera medida, multiplicaron el precio del alquiler a sus inquilinos y elevaron su precio de venta,

La defensa de lo público pasa también por una gestión eficiente de los recursos. Solo de esta forma podremos evitar situaciones como la vivida recientemente en Santiponce, donde la Consejería de Fomento y Vivienda ha tenido que ejercer el derecho de tanteo y retracto para evitar que 58 viviendas sociales propiedad de la quebrada empresa municipal cayeran en manos de un fondo de inversión. La mala gestión del anterior equipo de gobierno municipal llevó a la sociedad de vivienda de Santiponce al concurso de acreedores. El Gobierno andaluz cumple y acudió al rescate de estas familias que, en ningún caso, debían pagar las consecuencias de la mala praxis de quienes antes estaban al frente de su Ayuntamiento.

La política inteligente no se sustenta en la literatura fácil que acude a los lugares comunes, sino que se refuerza en un ejercicio de equidad y racionalidad en la gestión de unos recursos limitados. Entre otras cuestiones, a lo largo de esta legislatura hemos generando la oportunidad de promover 2.920 viviendas protegidas, realizamos igualmente un esfuerzo importante en materia de rehabilitación y, una vez más, reforzamos nuestro corpus legislativo primero con la aprobación de la Ley de Tanteo y Retracto en casos de desahucio y, ahora, con una medida inédita en España como es prohibir normativamente la enajenación de la vivienda pública a personas jurídicas. Una política pionera que, nos alegramos, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez acaba de anunciar que trasladará a la legislación estatal, siguiendo la senda marcada por la Junta de Andalucía en la defensa de la función social de la vivienda.

La Junta continúa trabajando para conservar y mejorar este patrimonio de todos los andaluces, conscientes de que es una garantía de progreso desde la defensa de la igualdad de oportunidades.