Cerca de 50.000 niños catalanes tienen "severas" privaciones alimentarias fruto de la pobreza de sus familias y 751 menores de 16 años sufren desnutrición, con una media de edad de cuatro años y el 25% de ellos bebés.

Lo reveló ayer en rueda de prensa el Síndic de Greuges de Cataluña, Rafael Ribó, a la luz de una investigación de oficio para analizar el acceso alimentario de los menores catalanes, fruto de la cual surgió el Informe sobre malnutrición infantil en Cataluña, que el Defensor del Pueblo catalán ya entregó al Parlamento.

Al margen de estos 751 casos "puntuales" de desnutrición, detectados por centros de atención primaria (CAP) del Instituto Catalán de la Salud (ICS) y que afectan en un 56% a niños de nacionalidad extranjera, la investigación ha permitido constatar que la desnutrición infantil derivada de causas socioeconómicas no es un problema estructural en Cataluña. "Los casos detectados por el ICS no deben hacernos pensar que hay hambre en Cataluña, porque no la hay", sentenció Ribó, que explicó que lo que sí que abunda entre los menores catalanes son las carencias alimentarias y la malnutrición, debido a que las familias no pueden garantizar la ingesta de nutrientes necesarios para el correcto crecimiento, como la carne, el pescado y la fruta.

La mayoría de los casos de desnutrición se deben a causas "sobrevenidas", fruto de la crisis económica y de la falta de ingresos de las familias, por lo que Ribó urgió a la Generalitat que garantice el acceso a la renta mínima de inserción (RMI), que ha sufrido numerosos recortes y restricciones que han dejado al margen a miles de personas sin recursos desde 2011.

Tras recordar que la pobreza infantil en Cataluña afecta ya al 28% de los menores de 16 años --364.478 niños-, Ribó criticó que el actual sistema de becas comedor es "ineficaz y pobre en recursos", y pidió al Ejecutivo catalán que garantice como mínimo una comida equilibrada al día a todos los pequeños que lo necesiten, algo que no ocurre ahora.

Mientras que el pasado curso un total de 63.659 alumnos tenían ayudas de comedor escolar, había 250.000 en situación de riesgo de pobreza, censuró el Defensor del Pueblo catalán, que también criticó la disparidad de criterios de acceso a las ayudas en función de cada consejo escolar.

También aseguró que "no se puede decir que los niños en Cataluña pasen hambre, pero sí casos de malnutrición" y pidió al conjunto del Ejecutivo catalán que diseñe una "estrategia nacional" para garantizar la aplicación efectiva del derecho a una alimentación adecuada, especialmente entre los menores.