El desmantelamiento del Órgano de Coordinación contra el Narcotráfico (OCON-SUR), puesto en marcha en 2018 en la zona del Campo de Gibraltar, redujo a la mitad las incautaciones de hachís, según consta en la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente al ejercicio de 2022.

La fiscal delegada antidroga para Andalucía, Ana Villagómez, fue quien alertó de la "notable reducción" de la incautaciones de hachís con respecto a 2021, y lo relacionó con la desaparición en 2022 de dicho operativo especial que se produjo, según sus palabras, "sorpresivamente y sin comunicación previa a la Fiscalía de Andalucía ni a la Fiscalía Especial, ni a los órganos judiciales".

Aún así, según esta fiscal añadió en la Memoria de la Fiscalía, en 2022 la provincia de Cádiz continuó siendo en la que más droga intervinieron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En concreto, un 50 % del hachís y un 78 % de cocaína del total aprehendido en esa comunidad autónoma.

También observó que, "pese a la notable reducción de las cantidades de hachís intervenidas, casi la mitad que en el año 2021", había sucedido lo contrario con la cocaína, cuya incautación subió en 2022 un 78,4%.

La disminución en las intervenciones de alijos de hachís supuso a su vez una reducción de procedimientos penales en la provincia de Cádiz, lo que Villagómez atribuyó asimismo "a una menor presión policial".

El reajuste de los 150 efectivos del OCON-SUR en los Equipos de Delincuencia Organizada y Antridroga (EDOA) se produjo paulatinamente y a finales de 2022 aún no había finalizado el proceso, según ella misma relató en dicha memoria.

En sus cuatro años de existencia, el OCON-SUR consiguió desarticular a los principales clanes de la droga de la zona con la detención de más de 10.000 personas y la incautación de más de 1.400 toneladas de droga.

En la memoria, la fiscal delegada de Andalucía puso también el foco en el "estancamiento de algunas causas relevantes de blanqueo" en el Puerto de Santamaría, en Barbate o en Chiclana por "la sobrecarga de los juzgados y de los cambios de funcionarios y jueces titulares".

Una situación que implica, indicó, que cada "nuevo instructor deba conocer y estudiar causas complejas que llevan años de investigando".

Denunció así las dilaciones y retrasos en la celebración de los juicios, algunos pendientes desde 2011; el exceso de duración de la fase intermedia y las dificultades para el señalamiento de causas con muchos acusados y con muchos letrados.

Por su parte, la fiscal jefe Antidroga de la Audiencia Nacional, Rosa Ana Morán, destacó en esta misma memoria, la primera en la que intervino tras ser nombrada para ese cargo, que el sistema de organización en relación con los fiscales delegados era anacrónico 35 años después de su puesta en marcha.

Por ello planteó "una revisión de la relación de la Fiscalía especial con sus delegaciones territoriales de forma que se pudiera también coordinar y supervisar realmente y, sobre todo, prestar desde la Fiscalía central el apoyo, asesoramiento y ayuda" necesarios, lo que requeriría "una redimensión de la actual plantilla".