Una empresa de Joaquín Bilbao pide ser administrador concursal

La sociedad Castillo de Gigonza, que pertenece al ex presidente azulino Joaquín Bilbao, solicitó hace algo más de un mes el cargo de administrador concursal del Xerez Deportivo en nombre de los acreedores.

Castillo de Gigonza aparece en la lista de acreedores azulinos con un importe en el expediente de 224.359,71 euros, mientras que el importe reconocido que también figura en el informe es de 206.559, 71 euros.

Y hace ya tres semanas, que el Juzgado desestimó la solicitud, argumentando que Joaquín Bilbao es abogado pero no auditor de cuentas, requisito imprescindible para poder representar a los acreedores.

En estos momentos, el Xerez sólo cuenta con dos administradores concursales, Jesús Rodríguez y Antonio del Puerto, ya que Juan Luis Sierra dejó el cargo el pasado verano.

Sierra, que era auditor de cuentas, representaba a Francisco Garrido, máximo acreedor de la entidad a excepción de las instituciones públicas, con dos millones de euros. El representante del empresario de Espera dejó de ser administrador porque Garrido cedió el crédito a una sociedad en la que él participa y Nuria Orellana, magistrada del concurso, le retiró tanto el cargo como los poderes. De hecho, Sierra solamente firmó documentos en la etapa inicial del concurso y siempre mantuvo una posición más cercana a Federico Souza que Rodríguez y Del Puerto.

Una vez producida esa baja, los dos administradores concursales azulinos también decidieron solicitar a Nuria Orellana que no nombrase a un tercero, ya que el informe estaba redactado y la mayor parte del trabajo realizado.

Es muy raro que se nombre a un tercer administrador cuando el concurso se encuentra bastante avanzado, ya que no son necesarios tres y también es habitual que algunos de los concursales elegidos por el juez o la jueza que lleve el concurso rechacen la invitación. En el Albacete, por ejemplo, fueron designados tanto Hacienda como el Ayuntamiento, y ambas entidades rechazaron el citado cargo.

Mientras tanto, continúan los movimientos para que la entidad tenga un consejo de administración y puede celebrar la junta general de accionistas dentro de los plazos legales y sin tener que ser solicitada por los administradores concursales. De hecho, el propio Joaquín Morales se está planteando la posibilidad de solicitarla él a la jueza la convocatoria de la junta y no esperar a que sean los administradores concursales los que la tengan que reclamar.

En esa junta, se procedería a la elección de un consejo de administración, que deberá estar formado por un presidente y, al menos, seis consejeros.

En otro orden de cosas, apuntar que la Tesorería General de la Seguridad Social no ha actuado por el momento en contra de Rafael Verdú, una vez presentada la documentación que Joaquín Morales llevó a la notaría, eximiendo al presidente de honor azulino de cualquier responsabilidad en la gestión económica. Verdú tenía ya orden de embargo de su casa.