La decisión del pleno del Ayuntamiento de requerir a Luz Costa Inmuebles las acciones pignoradas ha servido para dar un paso más en la cruzada que desde hace unos meses viene realizando la Fundación Xerez CD. Su presidente, Juan Carlos González, asegura que este hecho "es positivo para todos, y pone de manifiesto que de una vez por todas el xerecismo está unido. Era algo que había que reclamar y afortunadamente los representantes públicos han oído sus demandas".

Sin embargo, del dicho al hecho hay un trecho, como bien refleja el refrán, y hoy por hoy que esta aprobación culmine con las acciones en poder de la Fundación Xerez CD es algo aún lejano. Así lo reconocía ayer el profesor Antonio Millán, secretario de este organismo.

Aunque el lenguaje para argumentar este hecho es farragoso y muy técnico, Millán explica que el asunto "es juridicamente muy complicado. Ya de entrada se hizo esto de forma rara porque lo normal aquí no es una pignoración de acciones, porque la pignoración de acciones se utiliza básicamente cuando yo voy a pedir un crédito y ya soy dueño de las acciones. Pero en el caso este no".

Para entenderlo mejor, remite al ejemplo de la compra de un coche. Según el catedrático, "el Ayuntamiento debió hacer una reserva de dominio, como hacen los concesionarios cuando compras un coche". Es decir, "en tanto en cuanto la persona que quiere comprar el coche no acabe de pagarlo, ese automovil es del concesionario".

"Cuando se habla de acciones pignoradas la gente no lo entiendo muy bien. La prenda es igual que el empeño. Me explico, eso es lo mismo que cuando llevas una alhaja a un Monte de Piedad, la llevas y la dejas allí. Eso es lo que diferencia a la hipoteca de la prenda, los dos son derechos de garantía pero mientras en la hipoteca tú, deudor, sigues con la cosa, en la prenda tú, deudor, te desposees de la cosa. Es decir, si el Ayuntamiento hizo bien esto en el 98 tenía que haber recibido los títulos de la empresa de Luis Oliver y ahora mismo tener la posesión material de los títulos. Si se pignora algo la prenda no la puede tener el deudor, la tiene que tener el acreedor", agrega.

De cualquier forma, y suponiendo que esa pignoración fuese correcta, no permitiría al Ayuntamiento "quedarse de primeras con las acciones, sino que tendría que ir a ejecutar la prenda, tanto si se hace judicial como extrajudicialmente supone el tenerla que sacar a dos subastas, y sólo si después de la segunda subasta no hubiera postor podría quedarse con esas acciones y entregársela a la Fundación".

Otro inconveniente aparece, según Millán, en que en todo este asunto "hay terceros, y en el caso de que Morales no haya recobrado todas sus acciones, Souza es un tercero, lo que se llama en derecho un tercero de buena fe. Para que pudiera reclamársele las acciones tendría que haberse hecho la pignoración en su momento en escritura pública y además la pignoración tendría que estar escrita en el libro de registro de acciones nominativas. Suponiendo que no haya problemas con todo esto, habría que ir a un juicio ordinario con todo lo que eso significa. Significa que a lo mejor en dos años no habría ningún tipo de resolución y que cuando la hubiese sería recurrible. En definitiva, nos podemos llevar siete años entre una cosa y otra".

Viendo el panorama, Millán aboga por "un acuerdo con Morales, una transacción", si bien es verdad que esta posibilidad aún se vislumbra lejana.