Si se hiciese un mapa de España con las menciones territoriales en el debate, nos saldría un plano irreal. Sería como esos mapamundis que se dibujan con la opinión que tienen los norteamericanos del enorme tamaño de su país y la ignorancia supina que tienen de la existencia del resto. En la investidura de Pedro Sánchez se ha hablado del referéndum catalán, del Estatuto vasco, de la regeneración de las rías gallegas, de la inmigración irregular en Canarias, de presuntos pactos secretos en Navarra o hasta de la infrafinanciación de Valencia. También se han dado estacazos los jefes del PSOE y el PP, culpándose de todos los males del país. Pero de Andalucía, ni una palabra.

Sánchez ha gastado mucho tiempo en explicar lo malo malísimo que es Feijóo [ni buen gestor, ni moderado, ni transparente, ni ganador], pero no ha detallado un programa de Gobierno, ni ha mirado al conjunto de la nación. Su España plurinacional se limita a las comunidades históricas y a Canarias. Mientras, Feijóo se ha rasgado las vestiduras ante la amnistía a los rebeldes del procés, acusando de fraude y corrupción a su adversario para mantenerse en La Moncloa, pero ha perdido una buena ocasión para hablar de problemas de Andalucía, Extremadura, Murcia, Castilla y León, Galicia, Cantabria, Rioja, Aragón, Baleares, Valencia o Madrid, comunidades en las que gobierna su partido. Con un tema de cada una, se habría lucido.

Sin ir más lejos, de Andalucía podría haber insistido en la urgente necesidad de mejorar sus recursos hídricos, que tanto esgrime Moreno Bonilla como prioridad. Los 25 diputados del PP-A no le han rentado a Andalucía en el debate ni un pimiento. Tampoco los 21 del PSOE. Sus jefes están en otra guerra. Mientras tanto, un solo diputado del BNG, sólo uno, que hace cuatro años hizo un pacto de nueve folios con los socialistas para la investidura, en esta ocasión ha conseguido un acuerdo de 22 puntos. Y una diputada canaria, sólo una, ha arrancado 25 compromisos. Si hacemos una comparación con los silenciosos y silenciados 61 andaluces que se sientan en el Congreso, a escala les corresponderían 1.400 obligaciones del Gobierno con Andalucía. No es el caso.

El mapa de España que sale del debate es de una Cataluña gigante, un País Vasco poderoso, una Galicia notable, una Canarias ostensible, algún trazo de Navarra y Valencia y la invisibilidad de todos los demás. Ahí tienen Juan Manuel Moreno y Juan Espadas una España desigual, que debería avergonzar a ambos tanto como la amnistía.