Por cuarta vez y "de una vez por todas y sin dilación alguna". La juez Mercedes Alaya, que investiga el caso de los ERE irregulares, ha vuelto a dar a la Junta un toque de atención sobre el límite de su paciencia al requerirle de nuevo que entregue en un plazo de cinco días la contabilidad de la agencia IDEA correspondiente a los ejercicios 2010 y 2011. En un auto, la magistrada realiza esta petición después de que, en un oficio del pasado 27 de noviembre, la Intervención General de la Administración del Estado informara de que "no les consta el recibo" de parte de la documentación reclamada en relación a la contabilidad de IDEA correspondiente a 2010 y 2011.

Así, la Intervención General del Estado pone de manifiesto en el oficio remitido al Juzgado que tan sólo le ha sido remitida la memoria auditada junto con sus estados financieros, "pero no el balance de sumas y saldos, libro diario y libro mayor, con el desglose de todas las cuentas y subcuentas".

"La ausencia de la documentación referida está causando un considerable retraso en la pericial que se está llevando a cabo por este equipo" de la Intervención General del Estado, pone de manifiesto la juez, que por este motivo vuelve a reclamar a la Junta la documentación que ya había pedido por medio de sendos autos dictados el 18 de julio de 2012, el 31 de julio de 2013 y el 16 de septiembre de 2014.

El portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Vázquez, informó ayer de que la Junta remitirá a la juez cualquier "documentación adicional" en relación con la agencia IDEA, "con toda normalidad". Vázquez afirmó que cada vez que [la juez] solicita a la Junta una documentación, "la recibe en tiempo y forma" y que la documentación sobre IDEA solicitada en varias ocasiones ha sido remitida al juzgado.

Alaya pide en su auto este material "preferentemente en soporte informático -fichero Excel o bloc de notas-, balance de sumas y saldos, libro diario y libro mayor, con el desglose de todas las cuentas y subcuentas".

La juez da al Gobierno un plazo "sin dilación" de cinco días para que entregue la anterior documentación al objeto de "trasladarla a los peritos designados de la Intervención General del Estado para que completen los trabajos que vienen realizando".