La juez Mercedes Alaya ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de un millón de euros al ex director general de Presupuestos de la Junta Buenaventura Aguilera, que está imputado por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Se trata de una fianza muy inferior a los 46,6 millones que la instructora fijó para su antecesor en el cargo y ex consejero de la vicepresidencia Antonio Lozano.

En un auto que tiene fecha del pasado lunes, la juez resuelve en primer lugar -tras la protesta realizada por la defensa del ex alto cargo- que las acusaciones populares, como el sindicato Manos Limpias, "están plenamente legitimadas" para solicitar este tipo de medidas cautelares que normalmente están reservadas al Ministerio Fiscal y a la acusación particular, y lo justifica argumentando que cuando se trata de "delitos cuyo bien jurídico protegido son intereses difusos o colectivos, como acontece en los delitos contra la Administración, tales intereses deben ser protegidos por la acción popular" y cita varias sentencias del Tribunal Supremo para apoyar este planteamiento.

Alaya afirma que en el caso de los ERE, en el que se persiguen delitos que "atacan directamente a esos intereses colectivos y ciudadanos, es claro que las acusaciones populares personadas están legitimadas para solicitar (aunque es medida que puede acordarse de oficio) la imposición de una fianza y el embargo subsidiario".

La magistrada consideró en la imputación formal que hizo al ex director general de Presupuestos Buenaventura Aguilera que este alto cargo de la Administración autonómica conocía el "ilegal uso" de las transferencias de financiación para la concesión de las ayudas sociolaborales y también las "ilícitas y fraudulentas" partidas que se incluyeron en los Presupuestos de la Junta con la finalidad de evitar el control de la Intervención y la fiscalización de las mismas.

La instructora recordó que Aguilera, al que se atribuyen delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos y que se acogió a su derecho a no declarar, fue entre 2003 y 2009 jefe de servicio de Seguimiento, Evaluación y Política Presupuestaria de la Junta y, en ese periodo, "habría conocido el ilegal uso de las transferencias de financiación por parte de la Consejería de Empleo para conceder subvenciones en virtud de los diferentes Proyectos de Presupuestos y Memorias que luego se anexionaban al anteproyecto".

Entre 2009 y 2012 Aguilera ocupó el cargo de director general de Presupuestos y "su trayectoria vendría presuntamente a aparentar desde el comienzo un cambio", por lo que para el presupuesto de 2010 "desaparecía la partida fraudulenta 440.51.31.L", siendo sustituida por los artículos correspondientes a los beneficiarios últimos de las subvenciones, por ejemplo 47 "a empresas privadas" y 48 "a familias e instituciones sin fines de lucro". Ese cambio fue "meramente aparente" porque Aguilera, concluyó Alaya, no trasladaría ese cambio "trascendental" de la concesión de subvenciones a la "reunión de técnicos que tendría lugar con carácter previo a la elaboración del anteproyecto de 2010".