La Audiencia de Sevilla ha levantado la imputación que la juez Mercedes Alaya acordó en el caso de los ERE respecto al ex vicenconsejero de Empleo Justo Mañas y del anterior letrado jefe de la asesoría jurídica del departamento, Antonio Lamela Cabrera, que fueron incluidos en la investigación por unas ayudas a Astilleros de Huelva.

La decisión de la sección séptima de la Audiencia de Sevilla supone la primera ocasión en la que se levanta una imputación en los ERE una vez analizado el fondo del asunto y no por una prescripción, resaltaron a Efe fuentes judiciales antes de enfatizar que la Fiscalía Anticorrupción también pedía ese levantamiento de la imputación.

Mañas está imputado en el caso de los ERE por más ayudas aprobadas, pero Lamela lo estaba sólo por la concedida a los Astilleros de Huelva, respecto a la cual el viceconsejero puso "trabas" y por lo que encargó un informe a los servicios jurídicos, añadieron las fuentes.

Lamela, que ahora trabaja en los servicios centrales jurídicos como adjunto al jefe de asuntos consultivos, fue imputado por un informe que emitió el 15 de septiembre de 2011 sobre la ayuda al astillero, una imputación que, según la Audiencia, "fue precipitada pues no se deducían indicios suficientes de comisión de hechos de relevancia penal".

"No se encuentran datos en las actuaciones que permitan afirmar que el señor Lamela recibiera indicación alguna para que emitiese su dictamen en un determinado sentido, ni puede entenderse que como letrado jefe de la asesoría jurídica de la Consejería de Empleo fuera un subordinado del vicenconsejero", afirma la Audiencia en un auto.

En este sentido, la Audiencia señala que las asesorías jurídicas de las consejerías "son órganos jerárquica y funcionalmente dependientes del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, centro directivo que presta servicios de manera horizontal"

El auto de la Audiencia explica que en la solicitud del informe al abogado, no se deja claro "siquiera si lo que se está preguntando a los servicios jurídicos de la consejería es si sólo ha de informar acerca de la excepcionalidad de la subvención (dando por sentado que la ayuda tiene tal carácter) o si realmente se está preguntando acerca de si ha de tramitarse por otra vía".

En este sentido, añade que "lo que no consta es si el señor letrado que contesta a la petición de informe estaba al tanto de los inconvenientes que puso la Intervención Delegada" a la ayuda al Astillero de Huelva, al que la dirección general de Industria aprobó el 10 de diciembre de 2010 una ayuda máxima de 19 millones de euros.

Respecto a Mañas, la Audiencia dice que le levanta la imputación por esta ayuda una vez descartado que Lamela emitiese el informe "en virtud de ninguna indicación, sugerencia o indicación" del viceconsejero. Por ello, "no cabe admitir que existan tampoco para el recurrente indicios de posible conducta ilícita sobre tal particular, con lo que su llamada al proceso por este hecho no debería haberse producido", señala la Audiencia.