El Defensor del Pueblo andaluz ha notificado que 2023 ha sido el año con más quejas recibidas en los 40 años de la institución con 9.600, un 12% más que en el ejercicio anterior, y ha expresado una "gran preocupación" por el incremento de quejas en el ámbito de salud, con un 58% más que en al año anterior, con hasta 1.150 quejas nuevas, "debido a los retrasos en tiempos de respuesta asistencial en el acceso a la primera consulta de asistencia especializada y en intervención quirúrgica, principalmente".

En el acto la entrega del Informe Anual 2023 al Parlamento, el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha advertido de "las demoras en las administraciones públicas". En particular, ha hecho hincapié en los "retrasos" en el Ingreso Mínimo Vital, las ayudas a la dependencia, la valoración de la discapacidad y el bono de alquiler para los jóvenes.

Maeztu ha concretado que han sido más de 15.500 consultas atendidas en 2023, una cifra sólo superada en 2020 como consecuencia de la atención prestada por las consecuencias de la pandemia del Covid-19. En total han sido unas 30.000 actuaciones para las más de 35.000 personas que requirieron su intervención.

Maeztu ha puntualizado que el 56% de estas acciones estuvieron relacionadas con la dignidad de las personas y, de ellas, dos de cada tres afectaron a población vulnerable. En particular, a cuestiones relacionadas con la atención a la dependencia y los servicios sociales, discapacidad, infancia, personas mayores, vivienda, extranjería o prisiones, entre otras.

Maeztu ha lamentado que "un año más vuelven a ser reiterativas las denuncias que muestran la desesperación e indignación por la tardanza y la falta de claridad en el procedimiento y la resolución de estas prestaciones" y ha destacado "la imposibilidad de contactar con los responsables de la tramitación de dichas prestaciones, porque no atienden las llamadas o porque no existen citas disponibles".

El Defensor ha solicitado a la Administración una "verdadera política de cuidados" para los colectivos vulnerables y ha llamado la atención sobre la protección normativa y las políticas públicas singulares para las personas mayores, entre las que ha subrayado una especial protección para las que viven en residencias por "el apartamiento indecente que padecen".

Plan de salud mental y adicciones

En relación al nuevo Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones de Andalucía (PSMA) de la Junta de Andalucía, el Defensor del Pueblo andaluz ha señalado que ha pasado el diagnóstico preliminar en el pasado mes de febrero y que "próximamente se comunicarán las medidas"

El análisis que aporta este año sobre la salud mental tiene el objetivo de "crear conciencia, naturalizar esta necesidad, conocer su entidad, detectar sus puntos flacos, ahondar en las opciones de respuesta y sentar las bases que permitan caminar hacia un mejor horizonte". El Defensor ha destacado el "especial tratamiento" que dedica el Informe 2023 a la "epidemia creciente de suicidios o al enfoque sobre las adicciones y la patología dual".

Maeztu ha señalado que se han realizado tres tipo de jornadas focalizadas en la salud mental: una dedicada a las personas mayores; otra a la patología dual, colectivos vulnerables y adiciones; y la tercera a la infancia y adolescencia. Sobre este estudio, el Defensor ha resaltado que la conclusión ha sido "mejorar la ratio profesional". Así, ha reivindicado que "se debe implantar un modelo de tratamiento biopsicosocial", es decir, que "no solamente sean fármacos, por lo tanto, hace falta es también más especialistas"

El Defendor ha concluido haciendo hincapié en las cuestiones de igualdad de género y ha subrayado que "en este ejercicio de referencia se ha aprobado el primer plan de igualdad del Defensor, asumiendo como principio la propia ejemplaridad de la Institución".