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Andalucía

Junta y agentes sociales exploran un nuevo modelo de concertación social

  • Susana Díaz se reúne, por separado, con los líderes de CCOO y UGT en Andalucía y con el presidente de la CEA.

El Gobierno andaluz ha mantenido una primera toma de contacto con los sindicatos CCOO y UGT y con la patronal CEA para explorar un nuevo modelo de concertación social en Andalucía, que, como novedad, podría incorporar a nuevas organizaciones como la patronal de la economía social. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, se ha reunido hoy, por separado, con los secretarios regionales de CCOO, Francisco Carbonero; y de la UGT, Carmen Castilla, y con el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara. 

Un año después de la firma de un acuerdo por el empleo dentro del Pacto por Andalucía, promovido por el ex presidente José Antonio Griñán, los agentes sociales han acordado explorar la apertura de la negociación de un nuevo convenio al no haberse desarrollado el anterior por el cambio de Presidencia en la Junta. Aunque todavía no han arrancado las negociaciones, hay posiciones de partida diferentes en cuanto a la incorporación de otras organizaciones como la Confederación de Entidades de la Economía Social (CEPES), ya que CCOO y UGT lo respaldan mientras que la CEA está en contra. 

Tras las reuniones, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha explicado a los periodistas que se ha acordado abrir una reflexión sobre un futuro modelo de diálogo o concertación social sin definir aspectos como el comienzo de la negociación o la incorporación de nuevos actores. "El Gobierno quiere escuchar y no pone criterios previos", ha señalado Vázquez, quien ha dejado claro que es necesario un marco "estable y normalizado que mejore el anterior para afrontar con garantías el reto del empleo y de la recuperación económica". 

El primer encuentro del día fue con el secretario general de CCOO-Andalucía, Francisco Carbonero, quien consideró lógico que en esta ocasión, a diferencia de otras veces, la presidenta reciba por separado a la secretaria general de la UGT-A, Carmen Castilla, en señal de cortesía tras haber accedido al cargo hace dos meses. Ambos se han mostrado partidarios de que la economía social representada por CEPES forme parte del proceso de concertación social y los agentes sociales legitimados para ello, pero han rechazado la participación del PP. 

Asimismo, Carbonero ha dejado claro que "no quieren sólo diálogo social sino conciertos", es decir, no ser sólo informados sino incidir en las políticas, y ha desvelado que no han abordado la financiación del acuerdo. Ha rechazado la posibilidad de incorporar a la concertación a muchas organizaciones, ya que sería una "asamblea popular", y ha defendido la idea de que tienen que ser organizaciones legitimadas, en el caso de los sindicatos por las urnas, y en el de la CEA porque es la mayor organización empresarial de Andalucía. 

La secretaria general de la UGT-A ha reclamado negociar el octavo acuerdo de concertación social tras los "buenos" resultados obtenidos con los siete anteriores, si bien ha señalado que debe ser operativo y evaluable para conocer el impacto de sus resultados. Al igual que su homólogo de CCOO, ha demandado al Gobierno central un plan de empleo extraordinario para Andalucía. 

El presidente de la CEA se ha opuesto a incorporar a la concertación social a otros actores como la economía social y lo ha limitado a los agentes económicos y sociales reconocidos en la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Ha precisado que la ausencia de CEPES en la concertación no es una "imposición" de la CEA sino que "no se puede abrir el diálogo a quien no ha acreditado su representatividad", y ha argumentado que la CEA cuenta con miles de autónomos asociados y con cientos de cooperativas de la economía social. No obstante, ha señalado que está abierto a aceptar el formato que se acuerde porque es "más importante el contenido que los actores". Asimismo, ha planteado a Susana Díaz los problemas de financiación de las pymes y ha defendido fórmulas como el capital riesgo o garantía recíproca, pero se ha opuesto a la iniciativa de la Junta de crear un Instituto Andaluz de Crédito. 

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