Entre las funciones del Parlamento de Andalucía, el artículo 106 del Estatuto de Autonomía reconoce que se encuentran “el control sobre la acción del Consejo de Gobierno y sobre la Administración situada bajo su autoridad. Con esta finalidad se podrán crear en su caso, comisiones de investigación o atribuir esa facultad a las comisiones permanentes” y “la exigencia de responsabilidad política al Consejo de Gobierno”. La mayoría absoluta de la que goza en PP desde las últimas elecciones autonómicas, ha trastocado el buen ejercicio de estas responsabilidades.

Si la semana pasada el Consejo de Gobierno alteraba su día de funcionamiento por la presencia del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la entrega de los premios Talento Andaluz en Madrid como retrasada celebración del 28-F en la capital de España, una visita al Papa Francisco en el Vaticano va a impedir que acuda a la sesión de control que un jueves de cada dos tiene lugar en el Parlamento de Andalucía. Las críticas de los partidos políticos no se hicieron esperar y desde la recomendación de un vuelo a las seis y media de la tarde de ese mismo día para que le diera tiempo a acudir a la cita con el Santo Padre hecha por la portavoz de Por Andalucía Inma Nieto que se había informado previamente, hasta las peticiones del resto de grupos por adelantar el día de celebración de la sesión de control, cayeron en saco roto. La consecuencia es que el presidente de la Junta no se someterá a una nueva sesión de control, hasta después de la Semana Santa, el próximo 11 de abril, eso si no hay otro acto que la retrase.

Tampoco es la primera vez que el Consejo de Gobierno altera su día de celebración. El pasado día 5 la presencia del presidente de la Junta en un acto con la reina Letizia en la celebración del Día de las enfermedades raras, también obligó a su aplazamiento. No fue tampoco esta cuando la tradicional reunión de los martes en el Palacio de San Telmo, cambió su jornada.

Con anterioridad, las elecciones en Galicia también lo alteraron; si la jornada de los comicios fue el domingo 18 de febrero, la directiva nacional de los populares consideró que el martes día 20 era el día indicado para que Alberto Núñez Feijóo celebrara con los suyos unos resultados que se daban como amenazados. El Consejo de Gobierno a mil kilómetros de distancia, se volvió a adelantar al lunes. Aquí es donde comenzó el verdadero enfado de la oposición, ya que todos sus representantes expresaron que las funciones institucionales del presidente de la Junta debían prevalecer sobre las de su liderazgo del PP de Andalucía. Buena prueba del caso que les hicieron fue que desde ese día hace justo un mes, otros dos reuniones se han visto alteradas.

Lo del Parlamento comienza a ser una costumbre. “Esta es nuestra mayoría absoluta y sabemos como usarla”. La necesidad de pactos la pasada legislatura, con miembros de Ciudadanos en el Gobierno y concesiones a Vox fuera de él (algunas de ellas aún perduran como el teléfono de violencia intrafamiliar que resiste las constantes peticiones para su clausura), obligaban al Gobierno y a los respectivos partidos que los respaldaban a tentarse las formas. Cuando las urnas refrendaron los 58 diputados, comenzó un juego diferente. El Ejecutivo andaluz no necesitaba a nadie y desde la constitución de la Cámara andaluza, se ha empeñado en demostrarlo y, lo que es aún peor, que a nadie se le olvide.

Valgan varios ejemplos. En la comisión de Presidencia, la oposición había solicitado la comparecencia del cantante José Manuel Soto para que explicara su gestión al frente de la fundación Destino Rocío que había sido subvencionada por la Junta de Andalucía. Estaba claro antes de empezar que el PP iba a hacer valer su mayoría absoluta para que esa presencia no se produjera. Era el primer punto del día. El presidente de la comisión, el popular Erik Domínguez, expuso a sus señorías que “he consultado el reglamento y éste me da la facultad para proceder a la votación o conceder un turno de palabra y he decidido que se produzca la votación”. El cabreo nada disimulado de los diputados de Por Andalucía y el PSOE, les duró las dos horas que duraron las respuestas del consejero de Presidencia que vino después. Desde luego, y aunque la decisión fue impecable desde un punto de vista formal, no hubiera costado nada más que quince minutos en impedir las protestas que impregnaron todas las intervenciones posteriores.

Los turnos de palabra tienen consecuencias. El último fue la votación en el pleno de la retirada del decreto de simplificación pedida por Adelante, Por Andalucía y PSOE. Se votó antes del inicio de la sesión. El artículo 94 del reglamento obliga a que tras una votación, los grupos pueden explicar el sentido del voto durante cinco minutos. El presidente del Parlamento no concedió esos turnos, algo que derivó en la presentación de una queja formal contra Jesús Aguirre.

Lo de la junta de portavoces es otro síntoma. Desde hace meses, en concreto desde abril, no se aprueba el orden del día por unanimidad. Algo que es poco más que un trámite se ha convertido en otro escenario perfecto para dirimir disputas. El origen fue la petición del grupo socialista en celebrar un debate monográfico sobre sanidad. Se trata de una facultad que tiene el presidente del Parlamento (que también preside la junta de portavoces).

Junta de portavoces celebrada la semana pasada.

Sus argumentos se repiten semana tras semanas. El pasado miércoles se pudieron escuchar de nuevo: “la consejera comparece constantemente y a juicio de este presidente, no hay motivos extraordinarios que justifiquen la celebración del debate”. Asunto cerrado, al menos hasta la próxima reunión.

En la misma reunión de portavoces, las discusiones sobre la aplicación del artículo 171 son un clásico. Se trata de materias que no son competencia del Gobierno autonómico y deben estar respaldadas por las dos terceras partes de la Cámara o tres grupos que representen la mayoría de ella. Como, junta tras junta, no se explica si se cuenta con esa mayoría, se vota en cada una de las proposiciones de ley que les afecte.

Son las sesiones de control las más concurridas de todas. Apenas hay ausencias y todo se articula alrededor de ella. Cuando el presidente de la Junta responde a los cinco portavoces, nadie falta de su escaño. El resto es otro cantar. En la misma junta de portavoces, cada vez es más habitual escuchar a Jesús Aguirre, detallar qué consejeros no estarán disponibles para contestar a las preguntas de los parlamentarios.

El contenido de las intervenciones es otro cantar. Preguntas sobre Doñana que acaban derivando en menciones a Puigdemont o preguntas sobre la situación sanitaria que acaban en abucheos por las referencias a la ley del sólo si es sí. Frases en gallego, palabras salidas de tono, referencias a la Alcaldía de Pamplona (ahora olvidada de la noche a la mañana) y constantes a la amnistía.

Las atribuciones del Parlamento son más que trascedentes. Lo que queda es que quien gobierna, se las tome en serio.