"Es sorprendente que no le haya imputado, que haya mantenido en prisión a Antonio Fernández y sin embargo no imputase a [José Antonio] Viera". La reflexión es del consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, que ayer volvió a referirse a la investigación por los ERE fraudulentos que dirige la juez Mercedes Alaya. De Llera expresó su sorpresa por que Viera no haya sido imputado, por el momento, por la instructora, aunque "si imputase a una persona aforada perdería la competencia para seguir instruyendo", recordó el consejero.

De Llera, que hizo ayer estas declaraciones en Canal Sur Televisión, insistió en que no quería decir que Viera "sea responsable de nada, pues creo que no es responsable" dentro de la trama de los ERE fraudulentos. El consejero, que reconoció que la vinculación o no de Viera con el escándalo "es algo que está en la calle y en los medios de comunicación", quiso recalcar que "si alguien hiciese algo mal en mi Consejería, yo sería el último en saberlo".

El PSOE-A también aludió al caso Viera. Para su vicesecretario general, Mario Jiménez, las referencias que se hacen al que fuera consejero de Empleo ponen de manifiesto "una preocupación o extrañeza que tiene todo el mundo" por el "interés" hacia el propio Viera dentro de la instrucción del caso contra el que, por otra parte -recalcó Jiménez- no se ha procedido.

Mientras tanto, la juez decidió prorrogar por sexto mes el secreto de la causa, acordado a principios de noviembre de 2012. En abril pasado, Alaya ya anunció que se practicarían nuevas diligencias gracias a la "abundante documentación" que la Guardia Civil intervino en la operación Heracles, que el 20 de marzo se saldó con 22 detenidos relacionados con el cobro de sobrecomisiones en las pólizas financiadas por la Junta de Andalucía.

En su auto, la juez explicaba que en la operación Heracles ha supuesto un "avance importantísimo" en la instrucción, con la práctica de hasta 13 entradas y registros en diferentes domicilios en los cuales se ha incautado "abundante documentación que, lejos de ser culminante, van a suponer un punto y seguido a las diligencias de averiguación que practica la Guardia Civil".

La instructora argumentaba que buena parte de esa documentación incautada se encuentra en soporte informáticos y es "claro que del análisis de esa documentación podrán derivarse nuevas diligencias asociadas en virtud de lo datos que vienen extrayendo".

Alaya justificó entonces la prórroga del secreto en que debido al conocimiento de las actuaciones por parte de las partes personadas y de las nuevas diligencias que se ordenarán, "podría provocar la destrucción de indicios o fuentes de prueba por parte interesada, anulando la eficacia de la acción policial y judicial". Por ello, la magistrada concluyó que resultaba "imprescindible" prorrogar nuevamente el secreto parcial de las actuaciones, "para asegurar el éxito de la investigación".

En la operación Heracles fueron detenidas 22 personas, de las cuales siete de ellas fueron enviadas inicialmente a prisión, aunque una logró salir de la cárcel tras pagar una fianza de 50.000 euros. Entre los imputados que siguen en prisión destacan el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero, el ex sindicalista y "conseguidor" de los ERE Juan Lanzas Fernández, directivos de la mediadora Vitalia y algunos testaferros de las "empresas pantallas" que según la juez se crearon para dar salida a las sobrecomisiones ilegales cobradas y que la Guardia Civil ha cifrado ya en más de 50 millones de euros.