Los grupos políticos del Parlamento tendrán que recorrer más pasos antes de presentar una propuesta legislativa en la Cámara autonómica. Si hasta ayer sólo era necesaria una exposición de motivos, a partir de ahora -y con carácter retroactivo- los partidos deberán incluir una estimación económica del coste de la norma y necesitarán un informe favorable emitido por parte de los servicios jurídicos del Parlamento.

El nuevo procedimiento convierte al legislativo andaluz en el más exigente del país en lo que a presentación de iniciativas se refiere. Y lo es gracias a que ayer la Mesa de la Cámara aprobó una resolución impulsada por su presidente, Juan Pablo Durán, que busca, según el político socialista, proporcionar a los parlamentarios la mayor cantidad de información posible para decidir su posición respecto a las propuestas tanto de la oposición como del propio Gobierno de la Junta, que también se ve afectado por la normativa.

La aprobación de la propuesta de Durán fue posible gracias al voto afirmativo de los tres miembros socialistas de la Mesa y el representante de Ciudadanos, que introdujo algunos cambios en el texto; mientras que PP, Podemos e IU valoraron negativamente la propuesta de Durán por considerar que supone la imposición de trabas a la creación de leyes por parte de la oposición.

El presidente del Parlamento solicitó a los servicios jurídicos la redacción de la mencionada resolución después de la polémica generada en la reunión de la Mesa del pasado 16 de septiembre. En dicha sesión, el órgano de gobierno de la Cámara no se posicionó sobre dos iniciativas presentadas por Podemos y el PP después de que el Consejo de Gobierno emitiese un dictamen negativo a la tramitación de ambas propuestas por su afectación al presupuesto de la Junta.

La Mesa no se posicionó porque la votación quedó en empate, tras la negativa de los tres miembros del PSOE; el voto positivo de los tres representantes de PP, IU y Podemos, y la abstención de Julio Díaz, de Ciudadanos, que alegó que necesitaba más información antes de posicionarse. Esta situación provocó que ambas propuestas quedaran bloqueadas, puesto que no pudieron ser tramitadas, ni quedaron archivadas. Después de un nuevo empate en la sesión del pasado miércoles, la Mesa pidió a los letrados del Parlamento la redacción un informe para clarificar si la proposición de ley de cuentas abiertas, de Podemos, y la de eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, del PP; cumplen los requisitos para su admisión.

Emitido en el día de ayer, el texto del letrado mayor, Javier Pardo, es claro y confirma que las propuestas de PP y Podemos "cumplen con los requisitos para su admisión a trámite, quedando en condiciones de ser incluidas en el orden del día del pleno". El argumento es, precisamente, el que utilizan estos partidos para razonar la idoneidad de sus proposiciones. Según el documento, ambas "difieren expresamente su entrada en vigor, y en consencuencia sus eventuales efectos presupuestarios, al 1 de noviembre y al 1 de enero de 2016, respectivamente, sin que pueda considerarse afectado por tanto el presupuesto en curso".

Las dos propuestas volvieron a quedarse ayer en el limbo tras un nuevo empate -el tercero- en una sesión de la Mesa de más de dos horas de duración, pero la polémica estalló en la posterior Junta de Portavoces. El informe se repartio justo antes de la reunión de los la Mesa y los representantes de PP, Podemos e IU aseguraron que conocían el dictamen de los servicios jurídicos en el momento de la votación, algo que niegan en Ciudadanos, según confirmó Juan Marín. No fue hasta la celebración de la Junta de Portavoces, cuando cambió la situación. "El informe no permite duda ni interpretación", espetó el líder de IU, Antonio Maíllo. Y Marín, que siguió al izquierdista en el turno de palabra, pidió a Juan Pablo Durán la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Mesa y anunció que su representante, Julio Díaz, cambiará su voto a positivo y permitirá la tramitación de las dos propuestas de la oposición.

Después de dos semanas de bronca política, las iniciativas de Podemos y PP podrán debatirse. Sin embargo, su llegada al plenario podría retrasarse, puesto que tendrán que incluir la memoria económica requerida por la resolución aprobada ayer en la Mesa y ratificada en Junta de Portavoces, toda vez que ya cuenta con el beneplácito de los servicios jurídicos según el mencionado informe.