El Parlamento tumbó ayer la ley de autoridad del profesorado presentada por el PP tras la negativa de PSOE, Podemos e IU. Los populares sólo convencieron a nueve diputados más -los ocho de Ciudadanos y la no adscrita, María del Carmen Prieto-, pero no fueron suficientes para alargar el recorrido legislativo de esta propuesta, que tenía por objetivo ampliar una protección ya incluida en la denostada Lomce, en la ley andaluza de educación, e incluso en el Código Penal.

Ésa fue la razón que dio el Consejo de Gobierno en su día para rehusar la toma en consideración de este texto y a la que se sumó el PSOE. IU y Podemos, además, abundaron en el carácter "reaccionario" de la norma para argumentar su rechazo. Los tres partidos sí coincidieron en criticar el carácter "antidemocrático" del blindaje de la presunción de veracidad de las posturas que tomen los profesores. "Esta ley huele a alcanfor", bromeó el líder de IU, Antonio Maíllo.

Como recordó la portavoz de Educación del PP andaluz, Marifrán Carazo, hay otras nueve comunidades que han desarrollado el principio de autoridad docente en una ley; mientras que Canarias hizo lo propio con un decreto. Andalucía no se sumará a esta lista y la ponente popular lamentó que sea porque los partidos que tumbaron la iniciativa "no pueden desprenderse de su ideología para hacer leyes".