La negociación sobre el futuro de los eventuales del SAS se parece bastante a jugar al billar a tres bandas en mitad de la niebla. Ayer, la Administración sanitaria anunció que habrá 5.068 trabajadores de diversas categorías que pasarán de tener un contrato eventual a ser interinos con opción al paraíso de la plaza en propiedad. Pero de ese anuncio al BOJA hay un largo y sinuoso trecho. Para empezar, la nota de prensa del SAS hablaba de un espíritu de unanimidad entre la Administración y los sindicatos que fue cuestionado de inmediato; especialmente por el Sindicato Médico de Andalucía (SMA), que dice que está bien consolidar plazas pero que esa cifra no es suficiente y pide garantías, por lo menos, para todos los eventuales que lleven contratados un año.

El contexto es, por definición, nebuloso. Los gestores del SAS suelen decir que es muy difícil dar una cifra sobre cuántos eventuales trabajan en la organización, porque hay altas y bajas todos los días. Para planificar un año no sirve los datos de un día. Además, la propia lógica laboral reclama la existencia de un colchón de trabajadores para cubrir imprevistos y bajas de cualquier índole. Pero el sistema se vicia cuando esa excepción se convierte en práctica generalizada para renovar contratos una y otra vez para puestos estables. Ésos son los denominados eventuales estructurales, para los que está pensada la creación de nuevas plazas, que se adjudicarían mediante oferta de empleo público. Ahora bien, ¿cómo se decide qué contrato eventual es estructural? En principio, mediante la comparación de equipos de trabajo conforme a estándares comunes y la adjudicación de recursos (en este caso, humanos), en la proporción relativa correspondiente. El problema es que el SAS no ha dicho cómo ha llegado a la conclusión de que son ésas y no más, las plazas que hacen falta. Entre algunos participantes de la mesa sectorial donde se dio a conocer ese dato ayer, está claro que el SAS habla de 5.068 plazas porque son ésas las que han sido autorizadas por la Consejería de Economía y Hacienda, lugar donde saben muy bien (cocineros antes que frailes) cómo funciona por dentro la sanidad andaluza. Por tanto, el SAS, en realidad, tendría una capacidad de definición de su oferta bastante mermada. La Administración sanitaria sólo podría -según quienes desconfían del espíritu benéfico de los responsables del SAS-, jugar con la conversión de dinero a plazas y de plazas a dinero; cambiar una de treinta por dos de quince, vamos, que diría Aute.

Además de sus amigables charlas con Hacienda, los responsables sanitarios tienen otros dos frentes de negociación: el ya conocido de los sindicatos de la mesa sectorial (CCOO, UGT, Sindicato Médico, Satse, CSIF y Usae) y el más discreto, pero no menos fascinante, del intercambio de puntos de vista con los gerentes de los hospitales y directores de distritos de atención primaria. Los responsables de estas entidades (verdaderas unidades de negocio del SAS) deben rendir cuentas y resultados. Y, para eso, necesitan personal. Si empiezan a desaparecer del mapa trabajadores eventuales, llegar a los objetivos propuestos (y firmados) se hace muy complicado. Es comprensible que haya cierta preocupación por este asunto entre los cuadros directivos de los centros del SAS y que peleen a brazo partido por la permanencia en su ámbito de gobierno del personal necesario para cumplir objetivos, asediados por la tentación (a la que seguro son inmunes) de ocultar información a sus superiores. O sea, que es bastante posible que el SAS presentase ayer a los sindicatos lo que pudo, más que lo que quiso. La cuenta de los cinco millares largos, por ahora, se ajusta con 1.873 plazas de médicos, 1.302 de profesionales de Enfermería, 620 auxiliares, 320 técnicos especialistas, 46 matrones, seis trabajadores sociales, cinco farmacéuticos, tres terapeutas y 827 plazas no sanitarias.