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Andalucía

Un juez abre una investigación a UGT-A por desvío de subvenciones

  • La denuncia de Manos Limpias ha recaído en el mismo magistrado que instruyó el accidente mortal de José Ortega Cano

Un juez de Sevilla ha decidido incoar diligencias previas tras recibir la denuncia de Manos Limpias contra el sindicato UGT-A por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y apropiación indebida ante el uso "indebido" de fondos de formación para desempleados, así como por presuntos delitos contra la seguridad de los trabajadores, la Seguridad Social y la Hacienda Pública.

Fuentes judiciales indicaron a Europa Press que la denuncia formulada el pasado día 13 de agosto por Manos Limpias ha recaído por reparto en el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, quien ha decidido incoar diligencias previas. Su titular es el juez Juan Jesús García Vélez, el mismo que instruyó el accidente mortal por el que fue condenado a dos años y medio de cárcel el ex torero José Ortega Cano.

Manos Limpias interpuso una denuncia contra el sindicato, ampliada en cinco ocasiones, por el presunto desvío de subvenciones de la Junta de Andalucía y la elaboración de facturas falsas para poder justificar los gastos.

En concreto, la denuncia se refiere al supuesto desvío de fondos de formación de parados para pagar su publicidad y pancartas para la huelga general del 29 de septiembre de 2010, así como para el mantenimiento de los ascensores, aire acondicionado y limpieza de su sedes. Posteriormente, Manos Limpias presentó una ampliación de la denuncia contra los dos últimos máximos dirigentes de UGT en Andalucía, en este caso por cargar a la Junta y a fondos para mujeres discriminadas los gastos de una asamblea de delegados y la recepción en su caseta de la Feria de Abril.

Manos Limpias también solicitó que se investigara el cargo a la Junta de "una comida de 1.600 mujeres, falseando la factura", precisando que "el convite por el Día de la Mujer Trabajadora se facturó como reuniones de los órganos de participación'", siendo "el coste de 21.600 euros".

Asimismo, reclamó al juzgado que indagase la posible "contratación de adolescentes menores de 18 años de forma eventual sin darles de alta en la Seguridad Social y pagándoles en dinero negro por los servicios prestados a favor de UGT-A" en tareas como el "ensobrado de cuotas sindicales" como el "costeo" de la revista Trabajo y Diálogo Social "con fondos de cursos para parados". Estos pagos habrían sidop financiados con cargo al Fondo Social Europeo.

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