La Federación Andaluza de Empresarios de Playas (FAEPLAYAS) ha reclamado hoy "soluciones" para el sector al margen de "luchas políticas", después de que Congreso rechazara ayer una proposición no de ley presentada por el PP para paralizar las actuaciones de desalojo de los chiringuitos de la playa.

El presidente de FAEPLAYAS, Norberto del Castillo, ha lamentado que las empresas afronten la temporada estival "con las cosas pendientes de resolver".

Después de cuatro meses, aún no se ha logrado "algo tan simple" como la constitución de la comisión tripartita entre el Gobierno central, la Junta de Andalucía y la propia Federación para planificar el futuro de estas instalaciones, ha indicado.

"Nunca he visto un acuerdo más unánime con menor resultado", ha señalado Del Castillo en relación al respaldo de partidos políticos y sindicatos para el mantenimiento de la actividad de los chiringuitos.

Del Castillo ha insistido en que los empresarios del sector, algunos de los cuales tienen los permisos caducados pero pagan el canon establecido por lo que "no son ilegales", necesitan renovar las autorizaciones para tener seguridad jurídica que les permita acometer las inversiones y reformas necesarias.

Ha expresado la preocupación de los empresarios por que se prolongue el conflicto relativo a la aplicación de la Ley de Costas, dado que temen ser "el balón en medio de los dos equipos", en alusión a los partidos políticos.

Preguntado si cree que el traspaso de competencias relativas a la ordenación del litoral a las comunidades autónomas ayudaría a resolver esta cuestión, el presidente de FAEPLA ha opinado que la Junta "entendería mejor la problemática".

La vocación de la Ley de Costas, asegura la Federación, en ningún caso ha sido la de situar los establecimientos fuera de la arena, y recuerda el artículo que indica que deben estar "al límite interior de las playas o adosados a los muros de ribera, integrados en los paseos marítimos con acceso directamente desde la arena".

En cuanto a la distancia entre los chiringuitos, opina que no puede contarse de forma milimétrica, pues en la costa hay barreras naturales como arroyos, desembocaduras de ríos o depuradoras, por lo que aboga por respetar la ocupación máxima de instalaciones, que es de cinco por cada kilómetro lineal de playa.

El colectivo señala que está de acuerdo con que los chiringuitos no superen los 150 metros cuadrados de ocupación, pero reclama que a efectos de este cómputo no se tenga en cuenta la superficie destinada a sótanos y aseos, ya que no forman parte en sí del negocio.

En Andalucía existen cerca de 2.000 concesiones de playa -de las que unas 900 son chiringuitos-, que emplean a 40.000 personas, según los datos de la Federación.