La Junta de Jueces Penales de Córdoba ha acordado por unanimidad exigir a la Junta de Andalucía que disponga el personal de refuerzo necesario para dar salida a las más de 750 ejecutorias que han entrado en lo que va de año en cada juzgado y evitar así que puedan darse casos como el de la niña Mari Luz. El juez decano de Córdoba, Luis Rabasa, ha explicado a Efe que las más de 750 ejecutorias por cada juzgado en 2008 suponen un incremento del 20% respecto a las recibidas durante el mismo periodo pasado año, lo que hace que la situación actual sea "insostenible".

De esta manera, Rabasa ha pedido a la Junta de Andalucía que adscriba a cada uno de los cuatro juzgados de Córdoba un tramitador y un gestor para evitar la acumulación de las ejecutorias, una situación que podría derivar en errores como los ocurridos en el caso Mari Luz. El presunto autor de la muerte de la niña de Huelva Mari Luz Cortés, Santiago del Valle, fue condenado en noviembre de 2002 a dos años y nueve meses prisión por abusar de su hija menor, pero la ejecutoria de esta sentencia estuvo paralizada durante más de dos años, lo que propició que Del Valle estuviera en libertad cuando Mari Luz fue asesinada.

Por otro lado, el próximo día 21 se reunirá de nuevo la junta de jueces para debatir específicamente este tipo de asuntos y la sanción impuesta al juez Rafael Tirado por no ordenar la ejecución de esa sentencia.