La juez Mercedes Pérez Barrios, que investiga la llamada operación Galgo, ha anulado las escuchas telefónicas practicadas por la Guardia Civil a la atleta Marta Domínguez, así como a su agente, José Alonso Valero, el entrenador Manuel Pascua Piqueras y la esposa de éste, María José Martínez.

Los recursos ahora resueltos lo eran contra el auto de incoación de diligencias previas de fecha 26 de junio de 2010, así como contra el auto de la misma fecha por el que se acordaba la intervención de comunicaciones telefónicas y los sucesivos de ampliación de la medida a nuevos números de teléfono, y las distintas resoluciones por las que se acordaba la entrada y registro en domicilios de los imputados.

En el auto, la jueza estima los recursos de reforma interpuestos por la representación procesal de Marta Domínguez, José Alonso Valero, Manuel Pascua Piqueras y María José Martínez Guerrero en el sentido de "declarar la nulidad de las intervenciones telefónicas", aunque mantiene vigentes las demás diligencias practicadas que no deriven "con conexión de antijuricidad" con las nulidades acordadas, entre ellas las entradas y registros, que siguen siendo válidas, y las declaraciones prestadas por los imputados.

Respecto al ex atleta Alberto García Fernández se declaran nulos "todos los autos dictados, incluido el de entrada y registro, por derivar directamente de la intervención telefónica declarada nula, conservando su validez las declaraciones prestadas en sede policial y sede judicial".

En cambio, el relación al técnico César Pérez Segovia, Eufemiano Fuentes Rodríguez, José Luis Pascua Piqueras y Yolanda Fuentes Rodríguez se desestiman los recursos y se mantiene la validez de las intervenciones telefónicas y de cuantas actuaciones se han practicado por entender que se trata de medidas proporcionales e idóneas a la investigación.

La operación Galgo investiga una supuesta trama de dopaje en el deporte en la que se vieron implicados varios atletas y sus entrenadores.