El médico español Eufemiano Fuentes, eje principal de la megatrama de dopaje de la Operación Puerto, fue condenado ayer a un año de prisión por delitos contra la salud pública, la mitad de lo que había pedido la fiscalía. 

Según la sentencia conocida ayer, el polémico doctor también tendrá que cumplir cuatro años de inhabilitación como médico deportivo y pagar una multa de 15 euros diarios durante diez meses. 

La jueza Julia Patricia Santamaría condenó asimismo a cuatro meses de cárcel y otros cuatro de inhabilitación profesional al entrenador deportivo y ex director ciclista José Ignacio Labarta. Ninguno de los dos ingresará en prisión, ya que la corta extensión de las condenas les permite cumplirlas en libertad condicional. El resto de imputados –la médico Yolanda Fuentes y los ex directores de equipos ciclistas Manuel Saiz y Vicente Belda– fueron absueltos. 

La magistrada decidió también en su sentencia no conceder acceso a las autoridades deportivas a las más de 200 bolsas de sangre que fueron incautadas en la redada policial que destapó la trama de dopaje en mayo de 2006. 

“Han de prevalecer las garantías procesales y el respeto a los derechos fundamentales de los deportistas recogidos en la Constitución Española”, señaló. 

La Federación Española de Ciclismo (RFEC), la Asociación Mundial Antidopaje (AMA), la Unión Ciclista Internacional (UCI) y el Comité Olímpico Italiano (CONI) habían solicitado muestras de la sangre que pudieran identificar de forma inequívoca a los clientes aún desconocidos de Fuentes. 

El escrito advierte además de que cuando la sentencia sea firme se destruirán las bolsas que ahora siguen custodiadas en un laboratorio de Barcelona. También deberán eliminarse las copias del material informático que se le intervino a los implicados, donde las acusaciones sospechan que hay datos para identificar a deportistas tramposos. 

Durante el macrojuicio celebrado en Madrid, que se prolongó durante más de dos meses y vio pasar por la sala a decenas de testigos y peritos, se acreditó que Fuentes organizó junto al hematólogo José Luis Merino Batres, que se libró del banquillo por padecer Alzheimer, un lucrativo banco de sangre privado para realizar autotransfusiones a decenas de deportistas, un método prohibido. 

Sin embargo, el dopaje no fue incluido en el Código Penal español hasta principios de 2007, meses después de que el médico y los otros cuatro acusados fueran detenidos, por lo que el objeto del proceso se centró en los delitos contra la salud pública. 

En este sentido, la jueza consideró que la sangre es un medicamento y que el fin perseguido por las actividades de Fuentes no era mejorar la salud del deportista, “sino exclusivamente elevar artificialmente el rendimiento”. 

Además, consideró probado que el médico administró a sus ciclistas productos dopantes como EPO, factores del crecimiento, testosterona, insulina o la hormona femenina gonadotropina. 

La decisión de no entregar las bolsas no caerá bien con  seguridad en las sedes de la AMA y la UCI, que habían pedido una sentencia “ejemplarizante”.