El primer aviso llegó en junio cuando el Gobierno anunció la subida de los impuestos sobre el tabaco y los hidrocarburos con el objetivo de recaudar 2.300 millones de euros más. Desde entonces, el Ejecutivo ha lanzado todo tipo de globos sonda para estudiar como caería una subida de impuestos de mayor envergadura. No es lo mismo 2.000 que 15.000 millones, ni un impuesto que afecta sólo a una parte de la población -caso del tabaco- que la tributación del ahorro, el IRPF -vía deducción de los 400 euros- o el IVA, que toca a todos los ciudadanos, con independencia de que sean mileuristas o multimillonarios.

La subida de impuestos anunciada por Zapatero sólo en su alcance -no en su contenido- es, según los expertos, la mayor de la historia, equivalente al 1,5% de la riqueza nacional, aunque se queda pequeña si se compara con el tamaño del agujero de las cuentas públicas. El Gobierno necesita dinero y considera que muchos españoles pueden hacer un esfuerzo adicional para ayudar a los más perjudicados.

No obstante, no está claro cómo se va a repartir la carga. Zapatero aprovechó ayer la cumpre hispano-italiana para dar algún dato adicional sobre la reforma que afectaría a los ya famosos 400 euros -criticados por todas las fuerzas políticas y que han costado a las arcas públicas la friolera de 6.000 millones-, las rentas del capital -ahorro y plusvalías- y los impuestos indirectos. Pero no despejó si se refiere sólo a los impuestos especiales sobre alcohol, tabaco e hidrocarburos, al IVA o a ambos.

Para obtener recursos con "mayúsculas", casi todo el mundo coincide en que el "favorito" para la subida es el IVA, ya que un alza moderada en la tributación de las plusvalías -de dos puntos- tampoco ayudaría a aliviar de forma significativa las arcas del Estado, ya que aportaría cerca de 1.000 millones. El tipo general del IVA se encuentra ahora en el 16% y subirlo sólo un punto representaría cerca de 5.000 millones, siempre que su incremento no frene el consumo.

El incremento del IVA se ha convertido en una demanda reiterada de las organizaciones empresariales en los últimos meses, que han defendido sin tapujos una subida de este impuesto a cambio de una rebaja de las cotizaciones sociales. No obstante, el Ejecutivo tendría difícil convencer a eventuales socios presupuestarios como IU-ICV o BNG.