El principio de licencia única, en virtud del cual empresas y profesionales podrán ofrecer sus productos o servicios en toda España tras recibir autorización en una autonomía, entrará en vigor mañana y lo hará con la oposición de Andalucía, Cataluña, Canarias y País Vasco.

Las cuatro autonomías estudian recurrir la Ley de Garantía de Unidad de Mercado que regula la licencia única, por considerar que invade sus competencias y desprotege a los consumidores, ya que, a su juicio, las empresas tenderán a implantarse en las comunidades con las normativas menos exigentes. La ley, que fue aprobada por el Congreso de los diputados en noviembre de 2013 con los votos del PP, busca agilizar la actividad económica y evitar que siga habiendo empresas que se vean obligadas a fabricar 17 versiones distintas de un mismo producto o a pedir 17 licencias para adaptarse a las diferentes legislaciones autonómicas. La ley se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 9 de diciembre, aunque se establecía un periodo transitorio de tres meses para la entrada en vigor varios de sus artículos.

Canarias considera que con esta ley el Gobierno central pretende eliminar competencias autonómicas por vía indirecta, según su director general de Comercio, Gustavo Matos. En su opinión, la licencia única no ofrece garantías para "crear empleo o dinamizar la economía "y sólo facilita las cosas a determinadas fórmulas comerciales".

Desde Cataluña, el consejero de Empresa, Felip Puig, asegura que la Generalitat dificultará y "evitará hasta el último momento" su aplicación y que se atendrá a la directiva europea de servicios, la Constitución y el Estatuto.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía acordó el 4 de marzo interponer un recurso contra por poner "en grave riesgo" el ejercicio de sus competencias. Según su portavoz, Miguel Ángel Vázquez, la Junta apoya la simplificación de los trámites administrativos pero no dicha ley porque "confunde unidad con uniformidad" y es ajena al criterio descentralizador de la Constitución.

En la misma línea, el Ejecutivo vasco acordó en febrero recurrir ante el Constitucional la ley por considerar que invade competencias autonómicas y pretende uniformar la "diversidad regulatoria autonómica" bajo el pretexto de la "unidad del mercado nacional".