El Ministerio de Fomento ultima una reforma de la estiba para abrir un sector hasta ahora controlado por sus 6.156 trabajadores y que es básico para el funcionamiento de los puertos y la economía, dado que este colectivo gestiona la carga y descarga de la mercancía que entra y sale de España por mar.

La reforma viene impuesta por mandato europeo, que considera el sistema de estiba español contrario a la normativa comunitaria y, por ello, puede imponer a España una sanción de al menos 21 millones de euros.

Fomento considera que la reforma permitirá mejorar la competitividad de un sector fundamental, pues canaliza el 86% de las importaciones y el 60% de las exportaciones.

Esta actividad se canaliza a través de las denominadas sociedades de gestión de trabajadores portuarios (Sagep), que son las que tienen contratados a todos los estibadores, todos ellos representados además por un único sindicato. Las empresas de estiba que quieran operar en los puertos públicos deben entrar en el capital de las Sagep y están obligadas a contratar a sus estibadores. La reforma pretende acabar con esta obligación y permitir a las estibadoras contratar libremente, y da para ello un periodo de tres años.

Los estibadores anunciaron ayer movilizaciones en contra la reforma. El sindicato del ramo tacha de ERE encubierto el proyecto de Fomento para liberalizar la actividad.