El PSOE recurrió ayer ante el Tribunal Constitucional (TC) la Ley de Fomento del Alquiler, al considerar que la decisión del Gobierno de suprimir los préstamos subsidiados para la compra o la rehabilitación de viviendas protegida ya concedidos en anteriores planes de vivienda es contraria a la Carta Magna.

Coincidiendo con el último día de plazo, los socialistas presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la norma, que fue aprobada de forma definitiva el pasado mes de mayo, porque supone "una vez más un recorte de derechos reconocidos" que afecta "a los ciudadanos con menor poder adquisitivo", según señaló la portavoz de Vivienda, Leire Iglesias.

En concreto, el PSOE pide al Alto Tribunal que anule la disposición adicional segunda, que suprime varias ayudas al préstamo reconocidas dentro del marco de los Planes Estatales de Vivienda. También se prohíbe admitir nuevos reconocimientos de ayudas de subsidiación de préstamos que procedan de concesiones, renovaciones, prórrogas, subrogaciones o de cualquier otra actuación protegida de los planes estatales de vivienda.

Esto supone que incluso quienes tienen concedidas estas ayudas y siguen cumpliendo los requisitos económicos y sociales para renovarlas no podrán hacerlo, por lo que dejarán de percibir las cuantías que hasta ahora se les descontaban.