Las comunidades autónomas se resisten a ser víctimas colaterales del bloque político nacional y la mayor parte de ellas tiene la intención de aprobar antes de final de año sus cuentas para 2017, con independencia de si la interinidad en el Gobierno obliga a prorrogar las del Estado. Eso sí, están a la espera de que el Gobierno en funciones les traslade información sobre la senda de déficit, las entregas a cuenta del sistema de financiación o la liquidación definitiva del ejercicio de 2015 y, por ello, varias han pedido que se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El Ministerio de Hacienda insiste en que las comunidades deben tener en cuenta que hay una Ley de estabilidad que no se puede vulnerar y que el déficit sigue siendo el 0,3% y no el 0,5%, como se acordó en abril en la última reunión del CPFF.

Muchas comunidades -prácticamente, todas las que no están gobernadas por el PP- se ven como "rehenes" de la situación política nacional. Las hay que van más allá en su crítica y acusan a Montoro directamente de "chantaje", como hizo el pasado sábado la presidenta de la Junta, Susana Díaz.

Andalucía quiere presentar su proyecto de presupuestos en el Parlamento antes del 31 de octubre. Valencia, que también ha hablado de "chantaje", tiene intención de aprobar sus presupuestos y manejará un escenario similar al de 2016, con cálculos en función de la senda flexibilizada de déficit del 0,5% del PIB.

Tras no conseguir aprobar los presupuestos de 2016 por el veto de la CUP, el Govern catalán está inmerso en la confección de las cuentas de 2017, que espera sacar adelante, esta vez sí, con el aval del partido anticapitalista. Su diseño pasa por alcanzar una meta de déficit del 0,7%.