La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que el Ejecutivo va a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de medidas fiscales, financieras y administrativas del Parlamento de Cataluña porque algunos de sus preceptos "sientan las bases" para la creación de "estructuras de Estado" previas a la declaración de independencia unilateral de la comunidad.

"Son preceptos que tienen por objeto posibilitar que, en caso de separación, se asuman funciones propias del Estado", ha señalado la número dos del Ejecutivo, que ha asegurado que esta norma, aprobada por el Parlamento catalán el pasado 11 de marzo, vulnera competencias de la Constitución. "Si inconstitucional es declarar la soberanía del Parlamento de Cataluña, inconstitucional es sentar las bases para ir trabajando en estructuras de un Estado que pudiera considerarse soberano", ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La propuesta de recurrir al Tribunal Constitucional, al que el Gobierno solicita la suspensión automática de la vigencia de esta ley, tiene el apoyo del Consejo de Estado con el informe favorable de la Abogacía del Estado, entre otros organismos. Según la vicepresidenta, el Tribunal Constitucional ha ido declarando ya inconstitucionales "distintos elementos" de la hoja de ruta soberanista como la declaración de soberanía o la ley de consultas. También las actuaciones del Gobierno autonómico para preparar el denominado "proceso de participación ciudadana" el pasado 9 de noviembre, que este jueves fueron calificadas de inconstitucionales. "Ya hay un principio clarísimamente asentado por el Constitucional que es que la soberanía corresponde al pueblo español y las competencias se ejercen a través del Estado", sostiene.

Sáenz de Santamaría ha explicado que en concreto el objeto del recurso es la impugnación de dos artículos, el 69 y el 95, y diversas disposiciones adicionales (22, 23, 24, 25, 26) de la ley catalana 3/2015. Entre otras cosas, se impugna una disposición adicional que pretende crear un plan para que el Ejecutivo catalán gestione todos los impuestos catalanes "incluidos los que recaen sobre el tráfico exterior". En este sentido, ha asegurado que se vulnera la Carta Magna en artículos como los que afectan a la reserva del Estado en materia de administraciones públicas y relaciones internacionales así como los relacionados con la soberanía, autonomía e igualdad de los españoles. Asimismo, el Ejecutivo rechaza que el Gobierno catalán pretenda regular un inventario con el que "dividir" los activos y pasivos de la Administración General del Estado.

Otra disposición adicional que el Gobierno ve "inconstitucional" es la relacionada con el catálogo de "infraestructuras estratégicas", que incluye el agua, la energía, los aeropuertos, puertos o telecomunicaciones "para garantizar su continuidad en caso de una desconexión legal con el Estado". "Son infraestructuras de competencia estatal", ha alegado Sáenz de Santamaría. También ve ilegal que la Generalitat contemple la creación de la agencia catalana de protección social con vistas a "asumir competencias del Estado en materia de Seguridad Social" y uno de los artículos de la norma que regula la nueva función del servicio meteorológico de Cataluña ya que es "competencia exclusiva del Estado".

El artículo 95, según ha detallado la vicepresidenta, relativo a la ordenación de los equipamientos comerciales, supone unas "restricciones que no se motivan ni justifican por motivo de interés general" y vulnera de la legislación básica del Estado en esta materia así como el derecho comunitario. Por otro lado, el Ejecutivo ha acordado también recurrir un artículo de la ley de Presupuestos de la Generalitat para 2015 porque va contra los presupuestos generales del Estado. 

La Generalitat ha reaccionando acusando al Gobierno de usar las instituciones del Estado de forma "partidista" para desarrollar una "persecución política" antes de las elecciones catalanas del 27 de septiembre. Fuentes del gobierno catalán han recordado que el Consejo de Garantías Estatutarias -órgano consultivo catalán en materia constitucional y estatutaria- ya emitió un informe sobre la ley de acompañamiento y ya entonces el Parlamento catalán hizo las pertinentes modificaciones para adaptarla al dictamen. Así, desde el Govern constatan, tras este nuevo recurso del Gobierno de Mariano Rajoy, que "la campaña del 27-S ya ha empezado".

Tras este nuevo conflicto entre los gobiernos central y catalán, el secretario general de UDC y consejero de Interior, Ramon Espadaler, ha insistido en la necesidad del "diálogo perseverante" con el Estado tras las elecciones del 27-S. Espadaler ha indicado que UDC incidirá en esta vía si la militancia avala el domingo la hoja de ruta planteada por la dirección de Unió, que fija como objetivo "la plena soberanía" de Cataluña pero bajo los criterios de seguridad jurídica y negociación con el Estado, excluyendo la declaración unilateral de independencia y cualquier escenario que sitúe a Cataluña fuera de la UE. En todo caso, el secretario general de UDC y de CiU se ha mostrado rotundo al indicar que en la actual legislatura el diálogo con el Gobierno del PP "está agotado" y "es imposible", mientras que está todavía por ver si un eventual cambio de mayorías en el Congreso tras las elecciones generales puede abrir perspectivas mejores.

Por su parte, el coordinador general de CDC, Josep Rull, ha asegurado que el Estado español no solo ha dejado de ser el de Cataluña, sino que además va "contra los intereses" de los catalanes, y ha considerado que una inhabilitación del presidente de la Generalitat sería una "vergüenza colectiva". Con el eco aún del fallo que declaraba inconstitucional los actos preparatorios del 9-N, Ciudadanos ha advertido de que la decisión del tribunal refuerza la postura que siempre ha defendido el partido de Albert Rivera. Por su parte, Societat Civil Catalana (SCC) ha señalado que la "consecuencia obvia" tras el fallo debería ser la dimisión del presidente de la Generalitat, Artur Mas.