EL teléfono empezó a echar humo en Moncloa cuando en torno a las nueve de la mañana del martes Juan Vicente Herrera dijo al periodista Carlos Alsina que no era seguro que fuera a presentarse como candidato a la sesión de investidura del presidente de Castilla y León. Cargó las tintas contra el ministro Soria, al que hacía responsable de haber perdido un escaño en León que era clave para lograr la mayoría absoluta, y no ocultó su decepción por la marcha del PP.

No era ningún secreto que Juanvi -como se le conoce en el PP- se resistió todo lo que pudo para no ser nuevamente candidato, pero finalmente Rajoy logró convencerle prometiéndole que apoyaría que abandonara el gobierno antes de que acabara la legislatura. La relación entre los dos es muy buena, pero algo se ha envenenado entre ellos cuando Herrera hizo sus declaraciones en Onda Cero sin haberle comunicado sus intenciones a Rajoy de antemano.

Le llamó inmediatamente después y le dio a entender que su decisión era irrevocable. El presidente le convenció para que convocara al día siguiente a los presidentes provinciales, lo que Herrera hizo.

Llegó entonces el turno de Javier Arenas, vicesecretario territorial del PP y por tanto el responsable de encontrar salida a la situación, aunque en su caso pesa más que es uno de los dirigentes más sólidos e influyentes del partido. Sin embargo no consiguió que Herrera se le pusiera al teléfono a lo largo del día, aunque sí los presidentes provinciales, a los que insistió en que trataran de convencer a Herrera para que aceptara acudir a la sesión de investidura. Más adelante ya podría abandonar la Presidencia, si conseguía los apoyos necesarios, y dejar el gobierno en manos de otra persona.

La hasta ahora alcaldesa de Zamora, Rosa Valdeón, era la candidata de Herrera, pero Arenas se encontró con que no contaba con el respaldo de todos los presidentes provinciales, sobre todo de dos de ellos. La consideran excesivamente progresista. Ya tuvo problemas, por ejemplo, por pronunciarse en contra de la reforma a la ley del aborto que proponía Gallardón. Cuando del encuentro de Herrera con los presidentes provinciales salió la decisión de crear una comisión que tomara decisiones sobre cómo solucionar la crisis, los miembros de la comisión son precisamente los tres aspirantes a la sucesión de Herrera: la propia Valdeón, el actual alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Fomento Alfonso Silván. En la reunión no se despejó la incógnita sobre las intenciones de Herrera, pero la sensación mayoritaria fue que insiste en su idea de no presentar su candidatura.

Se le nota "muy quemado", afirma alguien que le conoce bien. Pocos han hablado con él por teléfono, pero sí han intercambiado mensajes y whatsapp en los que no disimulaba su malestar. El objeto principal de sus iras es José Manuel Soria por la política respecto al carbón leonés. En ese sentido se expresó también el portavoz de la Junta, que llegó a pedir su cese como ministro. Y tampoco el entorno de Herrera está muy contento con la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, vallisoletana, que en el último momento no participó en un mitin de final de campaña por una afonía que le impedía hablar. Piensan algunos malévolos de ese entorno que se trató de una excusa, que no quiso exponerse a un posible boicot o algaradas del sector minero.

Cospedal, en el centro de la polémica

Las declaraciones de Herrera abrieron la caja de Pandora. A las pocas horas, Alberto Fabra anunciaba que convocaría un congreso regional en el que no presentaría su candidatura a la presidencia regional del PP valenciano, y José Ramón Bauzá decía lo mismo en Baleares. De nuevo interviene Arenas, que consigue -o cree que consigue- que esos congresos regionales se celebren después de las generales. En Galicia, Feijóo no oculta su decepción por la marcha del partido, pero expresa su lealtad al presidente. Nadie se atreve abiertamente a arremeter contra Rajoy, y entonces es Cospedal la que se convierte en el objeto de las críticas.

Rajoy, que al día siguiente de las elecciones había dicho en rueda de prensa que no contemplaba hacer cambios en el Ejecutivo y en el partido, el miércoles da a entender que podría hacerlos. Se dispara la rumorología y se da por hecho que el Gobierno, y el partido, están abiertos en canal.

Distintos presidentes regionales, quizá para cubrir su frustración por no haber contado con los votos que le permitían la reelección, no sólo presionan para que se proceda al relevo de Cospedal de la Secretaría General del partido, sino que cuentan a los periodistas más próximos, a aquéllos con los que tienen más confianza, que el relevo en la Secretaría General es seguro y que Rajoy va a agradecer a Cospedal los servicios prestados con un ministerio. Wert quiere ser nombrado embajador ante la OCDE y su puesto en Educación quedaría libre. Y dicen más: que entre los nombres que baraja Rajoy al frente del partido se encuentran Arenas, Alfonso Alonso y Ana Pastor, y que el portavoz de la formación durante la campaña electoral, Pablo Casado, va a ser designado miembro de la Ejecutiva y probable vicesecretario general.

¿Qué hay de cierto? Todo y nada. Parece evidente que en el PP se van a producir cambios, pero nadie sabe nada porque Rajoy no ha dicho, hasta ahora, una sola palabra. A su gente más cercana les traslada abiertamente su preocupación por los resultados electorales, cambia impresiones sobre cómo se pueden recuperar los tres millones de votos perdidos, unos porque se fueron a Ciudadanos y otros por la abstención, y les ha adelantado que en los seis meses que faltan para las elecciones generales pasará a implicarse más directamente en transmitir cercanía del Gobierno a los ciudadanos, y a ocuparse más profundamente que hasta ahora de la marcha del partido, al que ha dedicado menos tiempo del aconsejable. Nunca comprendió que sus antecesores en Moncloa dieran tanta relevancia a mantener bien agarradas las riendas del PP, con una perfecta sincronización y comunicación entre partido y Gobierno. No lo ha hecho Rajoy, y no porque no estuviera advertido del peligro de no estar más pendiente del trabajo en Génova, más aún cuando la secretaria general no podía dedicarse a él en exclusiva pues debía asumir sus responsabilidades como presidenta del Ejecutivo manchego.

Los sucesores

¿Existe una operación interna para desplazar a Rajoy? No. Aunque eso no significa que haya unanimidad sobre su persona. Que provoca rechazo es algo asumido en el PP, como es asumido también que si no gana las próximas elecciones es seguro que esa noche Rajoy asumirá personalmente las consecuencias. Y no hay operación entre otras razones porque en este momento no hay nadie que pueda capitanear el relevo.

Quien suma más puntos, la persona mejor considerada para encabezar la lista de sucesores, es Alberto Núñez Feijóo, pero los resultados de las municipales en Galicia han supuesto un revés para su figura. No irreversible. Esperanza Aguirre se ha quedado sin ninguna posibilidad después de la polémica que ha generado su campaña madrileña y sobre todo sus propuestas tras las elecciones. A Soraya Sáenz de Santamaría se la ve más como persona de Gobierno que del PP, y en cierto sentido se la hace responsable de la política de comunicación: nunca Moncloa ha tenido menos apoyos en televisiones, periódicos y emisoras de radio. Se encuentra muy en alza el ministro de Sanidad Alfonso Alonso, poco amigo de maniobrar en la sombra. Y Pablo Casado, mencionado por Juan Vicente Herrera, no cuenta con el suficiente recorrido como para pensar en sucesiones. Es un nombre que sale en todas las conversaciones, pero para dentro de unos años. Por tanto, la segura manera de acertar sobre qué ocurrirá en el futuro del PP y del Gobierno, es esperar. Porque, hoy, lo que hay es rumorología. Mariano Rajoy todavía no ha movido ficha. Pero la moverá.