Pudo haber sido un gran pacto entre Gobierno, fuerzas sociales y partidos de la oposición, pero se quedó en acuerdo entre Gobierno y fuerzas sociales.

Pudo haber sido una nueva versión de los Pactos de la Moncloa de 1977, que pusieron en marcha una nueva política económica y laboral, pero el Pacto Social de Zapatero ha quedado muy lejos. Lo que habría que preguntarse es si la urgencia de llegar a un acuerdo antes de la llegada a Madrid de Ángela Merkel impidió que el texto pudiera ser negociado con los partidos de la oposición, lo que habría dado mayor envergadura al acuerdo, o si la estrategia de Zapatero de denunciar la escasa colaboración del PP para superar la crisis es lo que ha provocado que las negociaciones para llegar a un acuerdo se hicieran de espaldas a la oposición política.

A medida que transcurren los días se afianza la idea de que el presidente del Gobierno no estaba interesado en que el pacto tuviera más amplitud, entre otras razones porque sabe que contará con los apoyos suficientes durante su tramitación parlamentaria, pues incluso el PP está dispuesto a firmarlo a pesar de las críticas a la nueva política sobre pensiones, que Mariano Rajoy resume con una corta frase: "No se puede festejar que haya que trabajar más para recibir menos pensión". Pero apoyará el Pacto Social porque es necesario apoyarlo, solo así se salvará España de la intervención directa de la Unión Europea en su economía. Sin embargo los distintos portavoces parlamentarios han expresado su intención de incorporar algunas enmiendas al texto firmado por el presidente y su ministro de Trabajo, los presidentes de CEOE y Cepyme y los secretarios generales de UGT y CCOO.

Esa es la clave del descontento de la oposición: el texto. Nadie del Gobierno se preocupó de informar a los partidos sobre la marcha de las negociaciones -CEOE y CCOO en cambio llamaban puntualmente al PP para explicarlas- y una vez alcanzado un acuerdo la madrugada del lunes al martes, nadie del Gobierno tuvo el gesto de enviar su contenido a los partidos de los que esperaban respaldo. Los portavoces parlamentarios se telefonearon la mañana del martes para averiguar si alguno disponía del texto, hasta que un colaborador le dijo a Soraya Sáenz de Santamaría que El País lo había colgado en su página web, filtrado desde Moncloa. Esa fue la forma, la descarga desde internet, en que conocieron los términos del Pacto Social los partidos de la oposición.

Antes del mediodía, un correo electrónico del gabinete de protocolo invitaba a los distintos portavoces parlamentarios a acudir a Moncloa para asistir a la firma del Pacto. No hubo llamada posterior para confirmar la recepción del e-mail o reiterar la invitación, excepto en el caso de Josu Erkoreka, portavoz del PNV, partido que se ha convertido en el apoyo seguro del Gobierno en los últimos meses. Erkoreka explicó que no podría asistir porque se encontraba fuera de España y sugirió que acudiera en representación de su grupo otro parlamentario, pero desde Moncloa le indicaron que sólo estaban invitados los portavoces. Josep Antonio Durán Lleida, que mantiene muy buena relación personal con Zapatero y que ha llegado a importantes acuerdos parlamentarios con el PSOE, explicaba de forma muy gráfica su situación e incluso su estado de ánimo: "No vamos a ser padrinos de un acuerdo que ni conocemos".

Estaba muy claro que al Gobierno le interesaba capitalizar el pacto. Por si había dudas sobre ese punto, la tarde del jueves Manuel Chaves, Valeriano Gómez y Miguel Sebastián se reunían en la sede de la calle Ferraz con los dirigentes regionales del partido para explicarles los términos del acuerdo y exponerles las líneas que más deben destacar en sus contactos con los ciudadanos durante la campaña electoral.

Zapatero llamó a Rajoy antes de la convención del PP en Sevilla para informarle de que se había llegado a un principio de acuerdo con las fuerzas sociales. En esa conversación el líder de la oposición le trasladó su intención de apoyar el acuerdo del Gobierno con sindicatos y empresarios porque la situación de crisis obliga a aceptar las iniciativas del gobierno negociadas con empresarios y sindicatos, aunque le advirtió que no compartía las decisiones que había tomado respecto a las pensiones. Pero le dio a entender, o más bien se lo dijo claramente, que contara con el apoyo parlamentario del PP. Hubo también un encuentro de Elena Salgado con Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro para hablar de las medidas que se debían tomar para superar la crisis y cumplir las indicaciones de la UE, pero nunca les llegó después un solo papel que indicara qué medidas se estaban manejando, qué se negociaba con los agentes sociales. Nada. De lo que evidentemente tomó buena nota el principal partido de la oposición, que recordaba estos días que cuando el Gobierno convocó a las reuniones del Palacio de Zurbano para tratar de llegar a un acuerdo sobre política laboral tampoco entregó el documentos de trabajo a los grupos parlamentarios hasta que apenas faltaban media docena de horas para el inicio de la reunión, lo que evidentemente no daba tiempo a estudiarlo y presentar alternativas.

Hay pacto social, que además ha recibido el visto bueno de la canciller alemana. Hay pacto, aunque no es ni de lejos comparable al que se firmó en Moncloa en el año 1977. Podía haberlo sido, pero alguien tuvo un empeño inexplicable en que no aparecieran en la foto los partidos de la oposición.