La empresa Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, Seiasa (sur y este), dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, fue la promotora de la obra de modernización y Sacyr SAU la adjudicataria, teniendo la Comunidad de Regantes únicamente relación con la sociedad estatal mediante el convenio firmado el 22 de diciembre de 2001. De esta manera, Seiasa asumió la dirección de la obra y, por ello, entiende la nueva junta de gobierno que "recaía sobre esta empresa estatal la responsabilidad de proteger a los 2.400 comuneros del Guadalcacín, con la finalidad de que estas obras se llevasen a cabo y se realizaran conforme a lo proyectado, sin que se desviara en lo sustancial del objetivo de la misma, la modernización real de toda la zona regable a un coste asumible por las explotaciones agrarias". Tal como se han sucedido los acontecimientos, desde la Comunidad de Regantes se considera que "Seiasa ha incurrido en dejación de funciones y ha dejado desprotegidos a los regantes, ya que ha permitido que no se ejecute la obra en su totalidad (no se han modernizado todas las redes de riego), que se instalen materiales con una calidad no adecuada, que se acepten modificaciones no justificadas técnicamente y que no mejoran la eficiencia del riego (hasta 4.000 modificaciones del proyecto inicial), así como ha permitido que se instalen infraestructuras fuera de la zona regable, con la consiguiente ampliación de ésta y sin autorización administrativa".

Desde la Comunidad se recuerda que en la asamblea general extraordinaria de la Comunidad de Regantes del Guadalcacín celebraba el 13 de diciembre de 2001 se aprobó el Proyecto de Modernización con un presupuesto de 53.999.111,31 euros. "Esto fue lo único que aprobaron los comuneros. Lo ocurrido a partir de aquí es una historia repleta de irregularidades. Según lo aprobado, a Seiasa se le tendría que haber anticipado un pago de 16.469.728,95 euros (30,50% del coste total de la obra), pero el posterior sobredimensionamiento de la obra, del que los responsables tendrán que rendir cuentas, llevó a la Comunidad a adelantar más de seis millones de euros adicionales con respecto a lo que se aprobó en convenio, aportando un total de 22.845.095 euros, como se desprende de los datos contables de la Comunidad de Regantes y de la liquidación final emitida por Sacyr SAU".

"Toda esta maniobra -añadieron las referidas fuentes- se llevó a cabo sin el conocimiento de los comuneros, cometiendo por tanto una flagrante ilegalidad, al no someterse este abultado incremento presupuestario a la aprobación de la asamblea general de los regantes como determinan los Estatutos de la Comunidad de Regantes".

Ese aumento desproporcionado del presupuesto en un 39,86% "provoca la inviabilidad de las explotaciones agrarias, puesto que éstas, con una dimensión media de cinco hectáreas, jamás podrían asumir dicho coste".

"Todas estas irregularidades (sobrecostes, vicios ocultos y obras pendientes) así como el exceso en el importe adelantado, que ya se han puesto en conocimiento de las administraciones competentes y se van a presentar ante los tribunales, llevan a los actuales responsables de la Comunidad de Regantes a reclamar responsabilidades y la devolución del dinero por parte de Seiasa, un total de 18.550.222,89 euros por los conceptos mencionados".