La patronal agraria Asaja-Cádiz se ha dirigido a Carmen Martínez en su calidad de delegada municipal del Medio Rural para, entre otras cosas, solicitarle su mediación ante el Gobierno local para que se apruebe una bajada del tipo que se aplica al impuesto de bienes inmuebles (IBI) rústico. La organización agraria, según explicó su secretario provincial, Cristóbal Cantos, insta a Martínez a demostrar que realmente se preocupa por los habitantes del medio rural, que deberán hacer frente a incrementos similares a los urbanos -el Ayuntamiento ha limitado hasta un máximo del 7% la subida-, sin que a cambio reciban los mismos servicios, explicó el responsable agrario. Cantos recordó que a los agricultores se les niega el enganche al agua potable, con lo que ni pueden asearse en sus explotaciones ni tienen las mínimas condiciones higiénicas para curarse una herida, ni tampoco disfrutan de un servicio de retirada de residuos agrícolas, con lo que, apostilló, "se les trata como ciudadanos de segunda, pese a que pagan impuestos". Asaja, que días atrás anunció que el Catastro ha accedido a revisar el problema de los agricultores que han visto dispararse entre 1.500-6.000 por ciento el valor de sus tierras por la consideración de los invernaderos como bienes inmuebles, estudian otras posibles anomalías en la revisión catastral.