Clausuran las cuatro sedes de la OID en la provincia por juego ilegal

Imagen de la oficina de la OID de Jerez, precintada por la Junta de Andalucía. / Pascual

La Junta de Andalucía, a través de la Delegación del Gobierno en Cádiz, ha clausurado las cuatro sedes que la OID (Organización Impulsora de Discapacitados) tiene en la provincia: concretamente en Cádiz, Jerez, Algeciras y Chiclana, en una actuación que se ha llevado a cabo desde la Consejería de Hacienda, como órgano competente en materia de juego y apuestas y con la participación de la Unidad de Policía Adscrita. Esta medida de cierre se enmarca en el ámbito de un nuevo procedimiento sancionador por actividad de juego ilegal.

La multa prevista para estos casos puede ascender hasta los 300.000 euros y es competencia de la Dirección General de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego dependiente de la Consejería de Hacienda. La delegada del Gobierno andaluz en la provincia, Ana Mestre, ha sido la encargada de dictar este cierre provisional con fecha de este lunes, 10 de febrero.

Lo que ha motivado esta medida de cierre de sedes de la OID, casi inédita en España, es la ineficacia de las sanciones administrativas para evitar que la organización persista en su actividad de juego ilegal. Han sido cientos de miles de boletos decomisados por la Unidad de Policía Adscrita estos últimos años sin que ello haya impedido que se mantenga dicha infracción. De las más de 1.000 sanciones impuestas por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz en los últimos años por juego ilegal a la OID (vendedores, distribuidores, organización…), no existe ninguna resolución judicial que haya dado la razón a la OID y haya anulado una multa. Al contrario, todas confirman que la OID no cuenta con autorización administrativa. Hay que insistir en que la Delegación del Gobierno de Cádiz está actuando de acuerdo a una resolución administrativa, de la que se ha dado audiencia a la administración concursal de la OID, sin perjuicio de que se pueda dar traslado de lo actuado a la fiscalía.

La OID es una entidad que se dedica al juego no autorizado mediante la venta ilegal de boletos, ofertando premios de distinta índole y amparándose en tener trabajadores discapacitados. Sin embargo, dentro de los informes de la Unidad de Policía Adscrita de la Junta de Andalucía, se constata que la mayor parte de sus vendedores no tienen discapacidad alguna, ni ninguna de sus cuatro sedes están adaptadas para el acceso de discapacitados.

Cabe recordar que la OID tiene ámbito nacional y actualmente se encuentra en concurso de acreedores. La organización no ha hecho frente a las numerosas sanciones impuestas desde la Junta de Andalucía por el desarrollo de un juego sin autorización administrativa en los últimos años, dada además su situación de impagos a los acreedores.

“Somos personas dignas y nos han hecho sentir delincuentes”

Miguel Jesús es uno de los empleados de la OID que sí tiene una discapacidad. Lleva trabajando “sin estar dado de alta en la Seguridad Social”desde el año 2010. El cierre de las sedes de la Organización le ha generado una “gran indignación. Empecé con mucha ilusión, muchas ganas de trabajar. Nos prometían muchas cosas pero, a raíz de que la policía nos tratara como delincuentes, nos pedían documentación y nos denunciaban a través de la Once, ya empecé a darme cuenta de que esto no iba bien. Nos prometieron muchas cosas, que iban a hacer un sorteo propio, cuando nunca se ha hecho, que nos iban a dar de alta... Así, hasta que ya han cerrado las sedes. Ya llevaban mucho tiempo detrás de nosotros. Las intervenciones eran constantes. Además, aquí entraban discapacitados y no discapacitados, todo el mundo”.

Como vendedores, Jesús asegura que se sienten “muy indignados porque nos pagan una miseria, 30 céntimos por cada cupón. Pero si no tengo nada, qué voy a hacer. No tengo más remedio. A pesar de que me he quedado sin nada, no voy a vender más boletos”. “Nosotros –añade– somos personas dignas y queremos dignidad. Estamos cansados de estar así, sin aumento de sueldo, sin estar dados de alta y en Andalucía se nos ha atacado mucho. Hay compañeros a los que la empresa les ha quitado 180 euros de su cartilla por una multa que debería pagar la OID. Estamos desamparados”.

Este trabajador asegura que se ha puesto en contacto con la empresa y que le han “prometido que todo se va a arreglar, pero estamos como perros tirados en la calle. Ahora me veo que he estado diez años vendiendo cupones sin beneficios, sólo para comer. Y todo lo que ganaba era para los de arriba. Y esta organización sí tiene ánimo de lucro porque están forrados. Es cierto que los cupones son ilegales, pero pagarlos los premios los pagan”.