Emuvijesa facilitará el acceso a su VPO a los adjudicatarios en paro

Las personas que por sorteo público resulten adjudicatarias de una vivienda de protección oficial y no puedan acceder a ella por haber quedado en situación de desempleo, o que demuestren dificultades económicas transitorias, tendrán facilidades para abonar las cantidades en concepto de entrada o, en el peor de los casos, tendrán garantizada una VPO en los procesos selectivos que se celebren durante los doce meses siguientes. Se trata de una medida "con carácter extraordinario" que están terminando de pulir los técnicos de Emuvijesa, la empresa municipal de vivienda, y que en cuestión de unas semanas será presentada públicamente, según ha adelantado a este periódico el delegado municipal de Vivienda, Antonio Fernández Ortega.

De hecho, este conjunto de actuaciones encaminadas a evitar que los agraciados con una VPO deban renunciar a ella ante la crisis generalizada y las dificultades del mercado financiero no es nueva, pues ya se ha puesto en marcha con éxito, sin ir más lejos, en ayuntamientos como el de Sevilla. A la vista de que el propio consejero de Vivienda de la Junta, Juan Espadas, ha alabado esta decisión municipal, Emuvijesa se dirigió hace unas semanas al Consistorio sevillano para interesarse por unas medidas dirigidas a los adjudicatarios de VPO en situación de desempleo. La idea ahora es que entren en funcionamiento en los sorteos que se realizarán en el primer trimestre de este año.

"Estamos puliendo los criterios y cuando tengamos totalmente las opciones cerradas las daremos a conocer públicamente", explicó el delegado socialista, quien abogó por mantener estas medidas especiales durante "todo el tiempo que haga falta; deben mantenerse mientras haya personas necesitadas y se reactiva definitivamente la economía, que puede ser en torno a 2010-2011".

En el caso de la flexibilización del pago de la entrada para acceder a la VPO -el 20% del precio total de la residencia pública-, Fernández Ortega explicó que la fórmula que se va a aplicar casi con toda probabilidad para aliviar esta fase determinante de la compra de la vivienda en Jerez pasa por que el adjudicatario abone el 20% del total de la entrada en metálico y con carácter inmediato; otro 30% en mensualidades repartidas en tanto tiempo como transcurra hasta la entrega de la VPO; y el restante 50% de la entrada repartido en 48 letras a abonar durante cuatro años desde la entrega de la vivienda. Por poner un ejemplo práctico, si la VPO cuesta 100.000 euros y hasta ahora con carácter general había que abonar 20.000 euros (el 20%), a partir de este momento los beneficiarios de una vivienda protegida que acrediten encontrarse en paro o carezcan de financiación tendrán que abonar a corto plazo sólo 4.000 euros; y el resto del 20% en concepto de entrada en mensualidades que se prolongarán hasta un máximo de cuatro años.

De otro modo, si el agraciado con una VPO en los diferentes sorteos públicos que celebra Emuvijesa decide que no puede hacer frente al desembolso, la empresa municipal le respetará durante un año el derecho de adquisición de una vivienda protegida, por lo que "no entrará en el bombo en futuros sorteos y tendrá garantizada así su VPO". En este sentido, esta medida está encaminada a facilitar el acceso a una residencia a personas en situación transitoria de desempleo y persigue como objetivo fundamental que nadie tenga que renunciar a una vivienda de protección oficial por hallarse atravesando un mal momento económico a consecuencia de la crisis. En este punto, Fernández Ortega se felicitó por la "extraordinaria medida" que, unida al Plan Local de Vivienda de Jerez -recientemente aprobado-, va a permitir que "ningún jerezano vea en peligro su derecho al acceso a una vivienda por problemas de financiación o desempleo". Es más, según destacó, "estamos estudiando incluso criterios más personalizados para casos muy especiales, aunque como fórmula general vamos a optar por estas dos medidas, que serán perfeccionadas pero que van a caminar por esta línea". El objetivo final, insistió el concejal socialista, es "lograr equiparar la oferta con la demanda; esto es, que cada vivienda de protección oficial que pongamos en el mercado tenga un demandante, no diez como ocurre en la actualidad".