Una hora y veinte minutos duró la sesión del juicio del caso 'Huertos de Ocio' que ayer por la mañana se celebró en la Sección Octava de la Audiencia Provincial con sede en Jerez. Fue la sesión que marcó el ecuador del juicio, previsto en principio para nueve sesiones. Siete testigos pasaron ayer por el estrado, en su mayoría antiguos concejales de la corporación y altos técnicos municipales. Se puede decir que fue la 'jornada de la amnesia' pues muchísimos testigos, la mayoría, fueron incapaces de ser precisos a las cuestiones que se les plantearon desde las acusaciones, tanto la pública ejercida por el fiscal Rafael Payá como por la particular que desarrolla el abogado Pérez Vera.

Declararon los ex concejales Miriam Fernández, Juan Carlos Camas y Antonia Asencio, cargos de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) como Jaime García, director del área de Proyectos; Manuel Collado, responsable de la oficina del Centro Histórico, y José Manuel Muñoz Alcántara, director de Arquitectura y Disciplina, así como la interventora provisional en 2003 y funcionaria de carrera, Milagros Pérez.

La expresión que más se escuchó fue "no lo recuerdo". Se dio incluso el caso de que una de las testigos, Milagros Pérez, prefirió dejar sin contestar preguntas acerca de cargos orgánicos del Ayuntamiento en 2003 antes que equivocarse. Este medio ya lo ha dejado por escrito en varias ocasiones. Esos quince años desde que se comenzaran a tomar las primeras decisiones políticas están pesando en el juicio. Y mucho.

Si un dato relevante se aportó durante la vista que se celebró ayer fue el que dio Manuel Collado, quien señaló al tribunal que acudió a una visita "con mucha más gente" al edificio de Palomino & Vergara en la antigua calle Colón, el mismo que se permutó por los terrenos de los huertos de ocio de San José Obrero. Dijo que "la intención era que la GMU se trasladara a este edificio", lo que concuerda con la declaración del ex alcalde Pacheco que dijo el primer día de juicio durante su declaración que el objetivo era ese "o que se destinase a una incubadora de empresas".

La primera persona en acceder al estrado fue la ex concejal Miriam Fernández, que ya lleva largos años apartada de la política y entregada en cuerpo y alma a su familia. Como tantas veces se ha dicho en el transcurso del juicio, "los contenidos a aprobar que se llevaban a los consejos de gestión de la GMU eran muchísimos", dijo, a lo que añadió que "la confianza en los informes de los técnicos era plena", así como en el secretario de la entidad, Vicente Bitaubé. Negó que hubiera reuniones previas en las que se dijera qué se debía aprobar y cuáles no. "Seguíamos lo que hacía el concejal de Urbanismo". Era fácil que la cantidad de puntos a aprobar estuviera comprendida entre los 60 y el centenar.

Tras ella subió al estrado Juan Carlos Camas, que era concejal en 2003. Testificó que "los expedientes llegaban debidamente informados. Reconoció que había poco tiempo para ver los expedientes (apenas 48 horas). Preguntado por lo que hacía a este respecto señaló que se cercioraba de que tuvieran la documentación en regla y que si había dudas "éstas se preguntaban al secretario". Su carrera municipal acabó en 2004.

La ex concejal andalucista Antonia Asencio también declaró en la jornada de ayer. "Fui miembro del consejo de gestión de la GMU por ser concejal", manifestó, así como que "los grupos políticos elegían sus consejeros" y que solían votar por unanimidad (votaban lo mismo los integrantes de cada grupo). Al no recordar muchos datos por los años transcurridos se remitió a la declaración que ya prestara en la fase de instrucción.

Jaime García, director del área de Proyectos de la GMU, no pudo decir si el Ayuntamiento tenía o no necesidad de un edificio como el de Palomino & Vergara y no pudo responder si hubo una permuta previa entre dicho edificio y los terrenos de los huertos de ocio "porque tal asunto no entraba en su área de trabajo". También acudía a los consejos de la GMU pero "para solucionar las dudas que pudieran surgir en nuestra área".

Manuel Collado, arquitecto y responsable de la oficina del Centro Histórico, dijo declaró que "hubo una visita al edificio de Palomino & Vergara. Yo fui a verlo. Se quería instalar allí la GMU". Destacó igualmente que "por entonces el edificio estaba razonablemente bien".

A preguntas de las defensas aportó otro dato muy interesantes como es el hecho de que el edificio estaba protegido, pero en la menor de las posibilidades urbanísticas, esto daba pie "a que se pudiera adaptar a una mayor variedad de usos".

Sobre su relación con el gerente de la entidad, Luis Cruz, vino a decir que era un "mero transmisor de la voluntad política". Concluyó su declaración diciendo que "jamás me presionaron para limitar la información" que pudiera aparecer en un expediente.

Otro alto cargo municipal que ayer pasó por la Audiencia para declarar fue José Manuel Muñoz Alcántara, director del Arquitectura y Disciplina Urbanística de la GMU. Apuntó que "en alguna que otra ocasión, como técnico, tuve que explicar asuntos al consejo".

Concluyó la sesión con la declaración de Milagros Pérez Pérez, que era la interventora municipal provisional en 2003. "Iba como invitada al consejo de gestión" y añadió que "para temas concretos acudían técnicos especialistas".

Para las defensas de los cuatro acusados, estas jornadas del juicio están demostrando que "allí (en la Gerencia Municipal de Urbanismo) no se hacía nada ilegal y ya se ha visto que estaba previsto un posible traslado de esta Gerencia al edificio de la antigua calle Colón", hoy Jesús de la Flagelación.