Pilar Sánchez comparece hoy como imputada por posible delito de estafa

La alcaldesa, Pilar Sánchez, acudirá hoy, a partir de las diez de la mañana, al Juzgado de Instrucción número 4 de Jerez para declarar en calidad de imputada en relación a una denuncia por estafa y apropiación indebida. El auto con la citación judicial parte de la denuncia interpuesta el pasado 23 de octubre por la empresa Imesapi SA, antigua adjudicataria de la gestión indirecta del servicio de obras de calas en la vía pública, que denuncia a Sánchez -el Ayuntamiento aparece como responsable subsidiario- y le reclama deudas por valor de 6,5 millones de euros. Unas cantidades, según consta en la denuncia a la que ha tenido acceso este medio, que el Consistorio tuvo necesariamente que ingresar por parte de los demandantes de los servicios y que, a juicio de Imesapi, "a día de hoy, ni se sabe qué ha hecho con los depósitos previos realizados por los solicitantes, ni ha pagado una sola de las facturas que se reclaman".

Desde el Ayuntamiento, fuentes del gobierno local afirmaron ayer que la alcaldesa declarará hoy "y explicará todo lo que tenga que explicar, puesto que en ningún caso ha existido estafa y menos aún apropiación indebida".

Según el contrato de la concesión, que está sustentado en la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización del servicio de obras de calas en la vía pública, la solicitud de estos trabajos, que incluye por ejemplo la reposición o rebaje de un acerado, implica obligatoriamente el pago de la tasa en depósito previo mediante autoliquidación. Tras la correspondiente obra, el Ayuntamiento tiene sesenta días para abonar ese dinero a la adjudicataria de los trabajos -en este caso, Imesapi-, pero, a pesar de esto, "no ha abonado ni una sola de estas facturas". "Obviamente, es claro que no tenía intención alguna de destinar los importes percibidos por la mencionada tasa al pago del costo de los trabajos; o, como mínimo, ha hecho suyas, sin derecho alguno, las cantidades depositadas cuyo fin era el tan repetido pago por los servicios", apostilla la denuncia.

Sobre este particular, fuentes del gobierno municipal señalaron que que "hablan de apropiación indebida como si las tasas fuesen finalistas agarrándose a la figura del depótico. Pero las tasas no son un depósito civil, sino tributario, y lo son como garantía para el usuario, no para la empresa". "Lo que se ingresa por las tasas no son partidas finalistas", remacharon. Las mismas fuentes argumentaron que "aunque la obligación de todo ayuntamiento es pagar, existe un principio de caja único según el cual es el Ayuntamiento el que prioriza y dispone los pagos en función de las necesidades. Si esta empresa siempre trabajó con nosotros, a pesar de los retrasos, no entendemos por qué ahora adopta esta decisión, como si le cogieran por sorpresa los retrasos".

Precisamente, lo que manifiesta la empresa, que reconoce abiertamente sentirse estafada, es que no ha cobrado ni uno solo de los trabajos realizados entre 2006 y agosto de este mismo año. Obras, todas ellas, relacionadas con el procedimiento de previo depósito de tasas, por las que emitió las correspondientes facturas, y cuyo importe asciende en estos momentos a la cantidad de 6,5 millones. Al margen de esta cantidad relativa al servicio de calas, el propio delegado de Urbanismo, Juan Pedro Crisol, reconocía en el pasado junio, cuando Imesapi anunció que ponía punto y final al servicio que venía prestando, que el volumen global de deuda con la empresa supera los 20 millones de euros. En la propia denuncia, esta sociedad reconoce que hasta el momento "lo único que se consiguió, en agosto de 2009, fue un certificado del Ayuntamiento, en el que, entre otras muchas deudas con Imesapi, reconocía adeudar estos importes también".

"En todos los casos -fundamenta-, los interesados habrán depositado en las arcas municipales los costos de ejecución, ya que conforme a las prescripciones de la ordenanza citada, la orden de trabajo no se efectúa a la hoy denunciante hasta que no se produce el depósito". "Se han hecho ímprobos esfuerzos para conseguir el cobro de estas cantidades u obtener alguna explicación de la razón por la cual, habiéndose depositado en su momento los importes correspondientes por los interesados, no se han destinado a su finalidad: el pago de estas facturas que corresponde a los costes de ejecución. Todo esto ha resultado inútil", lamentan en su escrito.

Para el abogado de Imesapi, "la alcaldesa denunciada es plenamente conocedora y decisora de los presupuestos municipales y del destino que se da a los depósitos que obran en las arcas municipales. Es responsable directa de las contrataciones municipales y su cumplimiento". Según expone, "el Ayuntamiento, en cambio, hace suyas las cantidades que depositan los interesados, pero no paga ninguna de las facturas y no aduce justificación alguna. Es más, no cesa en reclamar la ejecución de las obras, abusando deliberadamente de la obligación de cumplimiento en plazo, cuyo incumplimiento podía acarrearle sanciones, sin que cupiera excusa".

Lo cierto es que el hecho de que existiera una ordenanza reguladora que garantiza el cobro previo del servicio fue "esencial" para Imesapi a la hora de pujar por la concesión, ya que, según subrayan desde la sociedad, con sede en la capital de España, "no existía el tradicional riesgo de quien contrata con entidades municipales de no saber cuándo cobrará ante la alegaciones interminables de dificultades económicas del municipio, requisitos administrativos, prioridades presupuestarias...". La empresa ha ejecutado trabajos que no ha cobrado, algo que ha originado un "perjuicio patrimonial a Imesapi, ya que ha invertido una importante cantidad de recursos humanos y económicos para realizar unos trabajos de los que existen serias dudas de que pueda llegar a cobrar, dada la situación económica del Ayuntamiento de Jerez".