El gobierno municipal no contempla ningún tipo de subida de impuestos para el año próximo. En declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a las obras de rehabilitación del Tabanco del Duque, en la calle Juana de Dios Lacoste, la delegada de Economía, Laura Álvarez, señaló este martes que ahora “no es el momento” para tramitar cualquier tipo de incremento impositivo a la ciudadanía y empresas.

La responsable de las finanzas municipales fue clara al respecto: “Este gobierno no está trabajando ni en una actualización ni en una subida de los impuestos municipales”. “No es el momento de subirlos teniendo en cuenta la situación económica tan dura que estamos viviendo en España y en Europa”, sentenció.

De este modo, y salvo ligeras variaciones en determinados tributos, el Ayuntamiento jerezano lleva siete años con los principales impuestos congelados, caso del IBI (Impuesto de Bienes e Inmuebles) o el de circulación (IVTM), entre otros. De hecho, la última subida tributaria que sacó adelante el ejecutivo fue la del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) en 2018, aunque recientemente fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Ahora bien, Álvarez avanzó que la Delegación de Economía está trabajando en una reforma del Callejero Fiscal, el documento que clasifica las calles en distintas categorías para el cálculo de determinados tributos como el Impuesto de Actividades Económicas. No obstante, descartó que esta vaya a aprobarse próximamente ya que “se está haciendo un trabajo tranquilo y riguroso” para actualizarlo a las condiciones actuales de la ciudad. Con el Callejero Fiscal también se calculan otras tasas vinculadas a actividades económicas como la instalación de mesas y sillas en la vía pública, la de colocación de andamios, vallas y materiales de construcción o el de instalación de kioscos.

De este modo, un año más continuarán congelados los tributos municipales, a pesar de que el Ayuntamiento se comprometió con el Ministerio de Hacienda a ir aplicando el IPC (Índice de Precios al Consumo) cada año a las ordenanzas fiscales, tal y como viene recogido en el plan de ajuste municipal, el documento que establece medidas para ampliar los ingresos y reducir los gastos municipales.

A ello se une que también está obligado por el contrato con la empresa que gestiona el ciclo integral del agua en Jerez, Aquajerez, a aplicar este índice cada año a los precios de la tasa de abastecimiento, saneamiento y depuración. Sin embargo, desde 2018 tiene que compensar año a año la diferencia que no percibe a la concesionaria.

No obstante, para acometer cualquier tipo de modificación de las ordenanzas fiscales necesita del apoyo de parte de la oposición. En estos últimos años, no encontró el apoyo en los escasos intentos que ha promovido (caso de 2016), de ahí que el pasado año el ejecutivo llegara a remitir un escrito al Ministerio de Hacienda para que promoviera un cambio en la financiación de los ayuntamientos para que se establezca “por ley” la aplicación del IPC año a año en los tributos y que, incluso, se sancionen a aquellos concejales que voten en contra en las sesiones plenarias.

La delegada de Economía aseguró que se continúa trabajando con el Ministerio de Hacienda para concretar medidas que traten de dar una solución definitiva a la situación económico-financiera de ayuntamientos como el de Jerez. Asimismo, volvió a reclamar un cambio en el sistema de financiación de las entidades locales al asegurar que, a día de hoy, consistorios como el de Jerez están “infrafinanciados” en comparación con otros municipios que prestan servicios más baratos. “A día de hoy no está reconocido, por ejemplo, que una ciudad como Jerez tiene que dar servicios a núcleos que están a 50 kilómetros”, explicó.