Menos de media hora duró la vista oral en el Juzgado de lo Contencioso celebrada ayer por la demanda presentada por la Delegación del Gobierno en Andalucía contra el acuerdo del Ayuntamiento que permitía que la plantilla municipal pudiera contar con dos horas y media a la semana de trabajo de manera no presencial. En el juicio, y como era de esperar, las partes se ratificaron en sus respectivos posicionamientos. Así, la representación del Estado incidió en la ilegalidad de esta decisión mientras que tanto la parte municipal como la de UGT y CCOO (los dos sindicatos con los que el gobierno acordó la nueva distribución de la jornada laboral en el Consistorio) la defendieron.

El pasado 2 de marzo, la junta de gobierno local aprobó una nueva redistribución de la jornada laboral en el Ayuntamiento. Los empleados públicos tienen fijada una jornada laboral de 37,5 horas semanales pero el gobierno acordó con UGT y CCOO que, de estas, 35 fueran presenciales y las 2,5 horas restantes fueran no presenciales para dedicarlas a "preparación, organización de tareas" y a formación. Sin embargo, el anterior subdelegado del Gobierno en la provincia, Agustín Muñoz, presentó un recurso y el Contencioso suspendió cautelarmente su aplicación.

Antes de iniciarse la vista oral, la representación del Ayuntamiento solicitó el aplazamiento alegando que, por falta de tiempo, no se había podido comunicar a toda la plantilla la existencia de este recurso en la vía contenciosa para que hubieran tenido la posibilidad de personarse en la causa. No obstante, el magistrado de la sala decidió continuar con el juicio.

La abogada de la Delegación del Gobierno en Andalucía solo intervino para ratificarse en el recurso. Este se sustenta en que la nueva distribución incumple la Ley de Presupuestos del año 2012, que estableció la jornada laboral de 37,5 horas semanales para todos los empleados públicos, y la Ley de Régimen Local.

Mientras, la representante del Ayuntamiento expuso varios argumentos para defender el acuerdo alcanzado en marzo con UGT y CCOO -los sindicatos CGT, ATMJ, SIP y CSIF no asistieron a las reuniones-. Para empezar aseguró que la Ley de Presupuestos de 2018, que entró en vigor hace escasas semanas, da cobertura legal a la redistribución de la jornada laboral realizada en el Ayuntamiento.

Asimismo, censuró que la Subdelegación no presentara recursos durante el anterior mandato municipal, bajo gobierno del PP, ya que aseguró que durante esos años no se cumplía la jornada laboral de 37 horas y media sino que se acordó con los sindicatos conceder una "media hora de cortesía" al día a la plantilla haciendo que el cómputo semanal fuera de 33,5 horas.

Asimismo, defendió que haya 2,5 horas de trabajo "no presencial" basándose en que el Estatuto Básico del Empleado Público permite la adopción de medidas encaminadas a la "formación" de los empleados y a la conciliación familiar.

Mientras tanto, las letradas de CCOO como de UGT se adhirieron a los argumentos esgrimidos por la representación municipal. En unos días se conocerá la sentencia.