Los remolacheros recibirán, aunque con retraso, el precio que les corresponde por la entrega del cultivo de hace dos campañas. En concreto, Azucarera tendrá que indemnizar a agricultores andaluces con 2 millones de euros, de los que algo más de 0,8 millones corresponden a cultivadores de la provincia de Cádiz, de acuerdo con el laudo emitido por la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid.

La Corte de Arbitraje da la razón a COAG en la demanda que interpuso a finales de julio de 2019 contra AB Azucarera Iberia S.L. por haber reducido unilateralmente el precio de la remolacha pactado en el Acuerdo Marco Interprofesional (AMI).

Miguel Pérez, secretario de COAG-Cádiz, mostró ayer su satisfacción por la resolución judicial emitida contra “una ilegalidad como un templo” y que “hace justicia”.

El laudo arbitral, equiparable a una sentencia, obliga a Azucarera a pagar el precio pactado en el AMI a los remolacheros por las entregas de la campaña 2019-2020, indeminización que, aproximadamente, alcanza los 4,2 euros por tonelada de remolacha tipo entregada en la citada campaña.

A los 2 millones que Azucarera tendrá que abonar a los remolacheros andaluces con conrato se suman del orden de otros 4 millones de los cultivadores de la Zona Norte, de los que 3 millones de euros corresponden a productores de Castilla y León y algo más de 1 millón a los de La Rioja, País Vasco y Navarra. La incógnita que tendrá que despejarse ahora es cuando se hará efectivo dicho abono ya que la firma británica no se ha pronunciado aún al respecto.

COAG-Cádiz muestra su satisfacción por la resolución emitida frente lo que considera una "ilegalidad como un templo"

“Nuevamente, una demanda de COAG logra rescatar para los productores de remolacha cantidades que les pertenecen y que pretenden escamotearle otros organismos”, señala la organización agraria, que recuerda que en febrero de 2019, en virtud de un auto del Tribunal Supremo, “la Consejería de Agricultura de Castilla y León tuvo que devolver 3 euros por tonelada –9,4 millones en total– que suprimió a los remolacheros en el marco de los planes de ajuste por la crisis”

Según COAG, gracias a sus demandas se han conseguido revertir un total de 15,5 millones de euros a los productores de remolacha por pleitos ganados a la industria y a la Administración.

La organización considera que el laudo de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid es “trascendental” para el sector remolachero ya que, de cara a futuros acuerdos marco interprofesionales, establece que las organizaciones profesionales agrarias pueden negociar estos acuerdos con cláusulas de reparto de valor. Es decir, la negociación del precio base la podrán hacer los agricultores en sus contratos, bien individualmente –agricultor a agricultor- o bien colectivamente –contratando con Azucarera a través de la organización agraria, cooperativa o empresa a la que hayan cedido su contratación–.

“Este importante logro de las organizaciones agrarias no ha costado ni un euro a los remolacheros. Animamos a los productores a que reflexionen sobre la importancia de tener un sector organizado que pueda defender de manera efectiva sus derechos. Industrias como Azucarera quieren quitarnos de en medio para que no haya negociación y puedan imponer sus condiciones a los agricultores sin nadie que los controle y vigile”, subraya Fernando García, responsable del sector remolachero-azucarero de COAG.