Una vez conocida la sentencia, Pilar Sánchez dimitió de su cargo como directora del Instituto de Cualificaciones Profesionales de la Junta, cargo que desempeñaba desde 2012, y solicitó su suspensión como militante del PSOE.

En un comunicado, la Consejería de Educación y Cultura anunció la decisión “irrevocable” de la ex alcaldesa que la justificó en su intención de “no perjudicar la imagen pública de la Junta de Andalucía y al proyecto que representa, con el convencimiento de que en la segunda instancia, que será la Audiencia Provincial de Cádiz, prevalecerá la razón y podré demostrar mi inocencia ante tamaña injusticia”. Esta decisión se conoció horas después de que Sánchez elaborara un comunicado público donde anunciaba que ha solicitado su “suspensión” de militante del PSOE para “no perjudicar innecesariamente al partido en aras de un tiempo mayor de dedicación para preparar su defensa judicial”. Con esto, Sánchez se ha adelantado a la decisión que debería haber adoptado los cargos orgánicos del partido, que en virtud del código ético, que fue reformado la pasada semana, establece que deben ser suspendidos cautelarmente aquellos militantes que estén imputados o condenados en caso de corrupción. En el caso de que el fallo adquiera firmeza, sería expulsada automáticamente.

Por otro lado, el PSOE local emitió otro comunicado donde expresó su “respeto” por una sentencia que considera que tiene “carácter sobredimensionado” y expresó  su apoyo a “las decisiones judiciales o recursos pueda ejercer en adelante en defensa de sus derechos fundamentales”.  “Pilar Sánchez antepuso la propia seguridad de la familia de trabajadores municipales que la suya propia al usar fondos públicos del Estado para el pago de servicios públicos y las nóminas de casi 3.000 trabajadores”, agregó.  Por ello, reclamó que en la resolución del recurso se “tenga más en cuenta la buena fe, el ánimo de reponer las cantidades y los fines a los que fueron destinados”.