El campo reclama la conexión urgente de los embalses de Bornos y Guadalcacín para evitar inundaciones

Las organizaciones agrarias Asaja-Cádiz y Coag-Cádiz han instado a las administraciones competentes a ejecutar la conexión urgente entre los embalses de Bornos y Guadalcacín, una reivindicación histórica que permitiría evitar el riesgo de inundaciones en la zona rural de Jerez y aprovechar los recursos hídricos.

La falta de esta infraestructura hidráulica provoca que los desembalses del pantano de Bornos en episodios de lluvias intensas como los registrados en los últimos días, acaban directamente en el río Guadalete, generando graves inundaciones en la zona rural de Jerez, con especial incidencia en el Bajo Guadalete, una de las áreas más afectadas de la provincia en la actualidad.

Las lluvias continuadas han causado situaciones muy graves en numerosas comarcas de la provincia, con daños personales y materiales, desalojos preventivos y un importante impacto económico en el sector agrario. Muchos agricultores están viendo cómo sus explotaciones permanecen bajo el agua desde hace días y, ante la previsión de nuevas precipitaciones, el riesgo de pérdidas aumenta.

En la zona rural de Jerez, las explotaciones agrícolas del Bajo Guadalete están sufriendo importantes daños. A las pérdidas ya registradas en cereales se suman ahora cultivos leñosos y plantaciones de aguacates, cítricos y hortícolas al aire libre, muchos de ellos completamente inundados, con un elevado riesgo de pérdida por asfixia radicular tras varios días bajo el agua.

Desde Asaja y Coag subrayan que la solución estructural a esta situación pasa por ejecutar cuanto antes la conexión entre Bornos y Guadalcacín. Cuando se producen lluvias torrenciales, el embalse de Bornos alcanza rápidamente su capacidad máxima y se ve obligado a desembalsar. Esa agua, que podría almacenarse, se suma a la lluvia caída y provoca la crecida del Guadalete, inundando viviendas y explotaciones agrícolas a su paso, para acabar finalmente en el mar, por lo que se desaprovecha un recurso esencial.

El embalse de Guadalcacín, con una capacidad superior a los 800 hectómetros cúbicos, se encuentra actualmente en torno al 60% de su capacidad, por lo que dispone de margen suficiente para recoger estos excedentes. Esta conexión permitiría no solo evitar daños recurrentes por inundaciones, sino también ampliar la reserva hídrica provincial, reduciendo las restricciones de riego y garantizando el abastecimiento para consumo humano durante los ciclos de sequía, como el que ha afectado a la provincia en los últimos años.

La Consejería de Agricultura ha licitado ya el estudio de esta conexión, previsto para el primer semestre de 2026. No obstante, ambas organizaciones consideran imprescindible que no se produzcan retrasos y que la obra pueda ejecutarse entre finales de este año y principios de 2027, dada la gravedad de la situación.

Asaja y Coag advierten de que, sin esta infraestructura hidráulica, las inundaciones, evacuaciones y pérdidas económicas seguirán repitiéndose, por lo que insisten en que se trata de una demanda histórica del sector agrario que no puede demorarse más.

Más zonas catastróficas

La situación es igualmente muy grave en la Costa Noroeste, sobre todo en zonas productivas como Chipiona y Montealgaida, donde numerosos invernaderos y explotaciones agrícolas han quedado inundados debido al elevado nivel freático y la acumulación de lluvias continuadas.

En el Campo de Gibraltar, explotaciones situadas en municipios como Jimena de la Frontera, San Martín del Tesorillo y Castellar de la Frontera están sufriendo importantes daños tras el desbordamiento de los ríos Hozgarganta y Guadiaro, afectando a cultivos de cítricos, aguacates y otras producciones, llegando incluso el agua a instalaciones agrícolas y empresariales.

A estas zonas se suman daños significativos en explotaciones de la comarca de La Janda, configurando un escenario de pérdidas agrícolas generalizadas en buena parte de la provincia.

Por ello, Asaja-Cádiz y Coag-Cádiz reclaman a la Junta de Andalucía que acelere sus gestiones para que el Gobierno central declare estas comarcas como zonas catastróficas y se puedan habilitar ayudas urgentes para agricultores y ganaderos afectados.