"Hay decenas de dramas"

El abogado Raúl Píriz atendió a 142 personas que acudieron en condición de imputadas al cuartel de la Guardia Civil de Jerez. Finalmente, presta asesoramiento legal a 82 de ellas. En todo momento deja claro de forma meridiana que sus clientes son víctimas, personas que dieron cantidades para que fueran ingresadas al erario público, algo que terceras personas no hicieron. "Tengo el convencimiento de que no se procederá contra ellos penalmente. No encuentro elemento tipificado en el Código Penal que se les pueda aplicar", remata.

Sostiene el letrado que en enero de 2013 se modificó el Código Penal en el artículo que hace referencia precisamente al fraude a la Seguridad Social. "Todos estos casos son anteriores", apunta, no sin antes reconocer haber comenzado a contactar con la Administración "para minimizar el drama que estas personas están viviendo y puedan devolver lo cobrado y abonar la sanción dentro de sus posibilidades". Entre sus clientes, destaca, "hay de todo, desde quien abonó 50 euros por su Seguridad Social, la mayor parte 75 ó 100 euros, y hasta casos de 1.200, 1.600 y hasta 2.200 euros".

Otra faceta de este caso la cuenta Luis Cruz, un activo miembro de Fanda Sahara, un colectivo de ayuda a los súbditos saharauis. Vive en la provincia de Huelva, hasta donde la investigación del 'caso Relisto' ha llegado. Allí se han detectado casos de inmigrantes que pagaron por obtener unos contratos que les permitieran seguir residiendo en España. Los casos se han localizado en Trigueros, Almonte y Ayamonte. Para Luis Cruz Sánchez "estos individuos (por 'El Contratista' y 'El Pescaero') son unos sinvergüenzas que han visto el cielo abierto para aprovecharse de unos pobres inmigrantes".

Según narró, en una asamblea de la fundación se trataron, entre otros asuntos, las consecuencias de esta red de falsos contratos en la que, apunta Luis, "la desesperación por evitar la expulsión ha hecho mucho". En esta zona de Huelva se han visto afectados tanto marroquíes como saharauis, en su mayoría temporeros que trabajan en la zona costera en busca de una tarjeta de residencia. Las asociaciones de ayuda al Pueblo Saharaui no esperan que haya castigo alguno para los inmigrantes, para los afectados "pues han sido explotados en su desesperación", reitera. La asociación ha desestimado emprender acciones legales contra los cabecillas de la trama de los 'relistos'. "Lo nuestro -señala- es ayudar y cooperar, no los tribunales".

El caso que más le 'llegó' fue el de una joven saharaui de 26 años llamada Wafa, que tiene una niña de siete años que vuelve en verano. Como para muchos otros, "para ella un contrato es como hallar una tabla en mitad del mar".