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Jerez

La deuda financiera del Ayuntamiento de Jerez se situará este año en los 872 millones de euros

Imagen de un pleno municipal.

Imagen de un pleno municipal. / Miguel Ángel González

El pleno de la corporación municipal debatirá el próximo lunes el nuevo préstamo que se solicitará al Estado para poder pagar facturas de proveedores. El importe del crédito es de 6,7 millones de euros, tal y como avanzó a principios de semana la delegada de Economía, Laura Álvarez, que se sumarán a los 19,4 millones que el Consistorio ya ha tiene asignado de las líneas de crédito habilitadas en este año por el Ministerio de Hacienda para ayudar a las entidades locales con problemas financieros (el denominado fondo de ordenación).

Teniendo en cuenta estas operaciones, y tal y como recoge la propuesta de modificación del plan de ajuste elaborada por la Delegación de Economía, el Ayuntamiento jerezano cerrará este año con una deuda financiera que rondará los 872,2 millones de euros, unos 16,9 millones más que a finales de 2021. A este importe hay que sumarle unos 50 millones de euros aproximadamente que tiene de pasivo financiero la empresa municipal de vivienda, Emuvijesa.

Ya el pleno autorizó el pasado mes de septiembre al gobierno municipal a suscribir un préstamo de algo más de nueve millones de euros para atender sentencias judiciales contrarias. Ahora bien, a este importe hay que añadirle otros 9.3 millones que le han sido asignados para atender vencimientos de préstamos. Por lo tanto, el Consistorio tiene pendiente también de formalizar otra operación por importe de 19,6 millones de euros.

Ahora bien, tal y como se recoge en la proyección de esta magnitud para los próximos años, el Ayuntamiento mantiene su estimación de que pueda empezar a reducir deuda financiera en 2023, aunque seguirá acogiéndose a nuevas líneas de crédito ofrecidas por el Estado a través del fondo de ordenación. Eso sí, todo apunta a que el año próximo requerirá de una nueva refinanciación de buena parte de este adeudo dado que aumentará exponencialmente los pagos que deberá afrontar, algo que lleva haciendo el Consistorio desde 2015 conforme el Ministerio de Hacienda ha ido permitiendo esta posibilidad.

No en vano, según el plan de ajuste que se eleva al pleno del próximo lunes, para 2023 tendrá que reservar unos 38 millones de euros para pagar amortizaciones e intereses de préstamos, el triple de lo estimado para este año. Y el importe irá a más en los siguientes ejercicios pues para 2024 necesitará reservar para este fin unos 54 millones, aproximadamente una cuarta parte del presupuesto municipal.

Este notable incremento se debe a que a partir del año próximo deberá empezar a devolver el mayor préstamo que el Consistorio tiene actualmente en su pasivo, uno de más de 673 millones de euros con el fondo de ordenación que suscribió el pasado año para reagrupar un importante volumen de la deuda financiera que tenía la entidad local en unas condiciones mejores a las operaciones precedentes. Mientras, en 2024 tiene que empezar a liquidar el crédito de 94 millones de euros suscrito también el año pasado para abonar la deuda histórica que tenía el Ayuntamiento con la Tesorería de la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.

Semanas atrás, el Partido Popular criticó el incremento de la deuda viva del Ayuntamiento durante el pasado año, un hecho que fue respondido por el gobierno señalando que, aunque el débito financiero haya subido, se ha reducido el adeudo total del Ayuntamiento en un millón de euros en comparación con 2015, el primer año de gobierno socialista.

Según el último dato que ha trascendido sobre la deuda total del Ayuntamiento, correspondiente a 2020, la deuda total del Ayuntamiento asciende a 1.016 millones de euros. Las cuentas generales aprobadas hasta ese año reflejan que se ha ido produciendo una ligera rebaja de los adeudos a corto plazo por la reducción de los impagos a los proveedores. Sin embargo, ha ido creciendo el pasivo a largo plazo por las operaciones crediticias suscritas por el Ayuntamiento, que se han destinado a pagar facturas, deudas con las administraciones públicas o atender sentencias desfavorables, entre otros.

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